¿Qué ha aprobado el Gobierno?
El Ejecutivo ha aprobado un real decreto ley por el que se establece un Código de Buenas Prácticas de medidas mitigadoras de la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual. Se modifica así el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Al mismo tiempo, se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios.
¿Cuándo entra en vigor el real decreto ley?
El Gobierno prevé que todas estas medidas estén implantadas por las entidades bancarias a partir del 1 de enero de 2023.
¿Quién puede solicitar la ayuda al pago de hipotecas?
Pueden solicitar la ayuda las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad que tengan contratada una hipoteca de interés variable y se encuentren con dificultades para afrontar los pagos. Se establecen tres tipos de hogares como posibles beneficiarios:
- Familias con ingresos de hasta 25.200 euros anuales —tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)— que dediquen más de un 50 % de su renta mensual al pago de la hipoteca y cuya cuota de préstamo se haya encarecido más del 50 %. La vivienda debe ser de hasta 300.000 euros.
- Familias con ingresos inferiores a 25.200 euros anuales que dediquen más del 50 % al pago de la hipoteca, pero sin cumplir el criterio del esfuerzo hipotecario.
- Familias con ingresos de hasta 29.400 euros anuales —tres veces y media el IPREM—, un porcentual de la cuota hipotecaria del 30 % de la renta y una subida del recibo de, al menos, el 20 %.
¿Qué medidas incluye?
Para implementar las ayudas se diferencian dos tipos de familias: las muy vulnerables y vulnerables (con ingresos inferiores a 25.200 euros) y las que están en riesgo de vulnerabilidad (con rentas inferiores a 29.400 euros).
🏠 Para hogares con una renta inferior a 25.200 euros
- Restructuración de la deuda con reducción del tipo de interés aplicable durante los 5 años de carencia en el pago de la hipoteca, pasando del euríbor más 0,25 % al euríbor menos 0,10 %. La reestructuración puede pedirse en más de una ocasión.
- La solicitud de dación en pago de la vivienda habitual se duplica hasta los 24 meses. Se amplía de 6 a 12 meses el plazo para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera (por un importe máximo del 3 % de su valor) para aquellas personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual.
- Carencia de dos años para quienes tengan que dedicar más del 50 % de sus ingresos al pago de la hipoteca, con un tipo de interés más bajo durante este periodo.
- Ampliación del plazo de devolución de la hipoteca hasta siete años para las familias que tengan un nivel de esfuerzo hipotecario excesivo motivado por la subida de los tipos de interés.
🏠 Para hogares con rentas inferiores a 29.400 euros
- Congelación durante 12 meses de la cuota hipotecaria y reducción del tipo de interés.
- Alargamiento del préstamo hasta siete años.
¿Se han aprobado más iniciativas?
El real decreto ley incluye otras medidas encaminadas a reducir los costes de conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo:
- A partir de 2024 la comisión máxima que los bancos podrán cobrar a sus clientes pasará del actual 0,15 % al 0,05 %.
- Durante 2023 se eliminarán las comisiones por amortización anticipada y por conversión de hipoteca variable a fija.
Finalmente, se ha anunciado que el Banco de España elaborará una guía para deudores hipotecarios en dificultades, poniendo especial empeño en el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.
¿Deben respetar el acuerdo los bancos? ¿Qué ocurre si no lo respetan?
Los Códigos de Buenas Prácticas son de adhesión voluntaria por parte de los bancos. Sin embargo, como indican desde el Ejecutivo, las medidas son de obligado cumplimiento una vez suscritas.
Para velar que se lleven a cabo, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Esta entidad tendrá competencias para resolver conflictos de buenas prácticas, imponiendo sanciones si se incumplen las medidas de ayuda al pago de las hipotecas.
