Los consumidores recelan de la Oficina del Defensor del Consumidor de productos energéticos

Dicen que no responde a las expectativas y consideran "inconcreta" la regulación de sus funciones
Por EROSKI Consumer 25 de febrero de 2009

La próxima puesta en marcha de la Oficina del Defensor del Consumidor de productos energéticos no ha sido tan bien recibida por las asociaciones de consumidores como se esperaba. Algunas de ellas, como UCE y FACUA, han mostrado sus recelos ante este nuevo organismo.

La Unión de Consumidores de España (UCE), por ejemplo, considera que no responde a las expectativas de los usuarios y resulta «totalmente insuficiente» de cara a la próxima liberalización del sector eléctrico, que tendrá lugar el 1 de julio. «Esta oficina se crea sin contar con los usuarios, y aunque aún es pronto para conocer cómo funcionará, parece que tendrá características similares a la Oficina de Cambio de Suministrador», señaló el portavoz de la organización, José Luis Gómez Boza.

Resulta «totalmente insuficiente» de cara a la próxima liberalización del sector eléctrico, afirma UCE

Precisamente, esta última fue criticada por el propio Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por su «escasa, por no decir nula, contribución a la defensa de los intereses del consumidor», dijo UCE.

Además, esta asociación considera contradictorio que el Gobierno decida crear dicha oficina después de que el pasado 29 de enero los responsables del Ministerio de Industria «dejaran claro que la resolución de los conflictos entre los usuarios y las eléctricas correspondería a las comunidades autónomas».

En la actualidad ya existen organismos específicos para la resolución de conflictos entre los usuarios y las empresas, como el Sistema Arbitral de Consumo, «un sistema rápido y gratuito al que las compañías eléctricas siguen sin adherirse», denuncia UCE, que apuesta por desarrollar campañas informativas para informar a los consumidores adecuadamente de las consecuencias que tendrá para las economías domésticas la próxima liberalización del sector eléctrico.

«Raquítica e inconcreta»

Por su parte, FACUA ha calificado de «raquítica e inconcreta» la regulación de las funciones de la nueva oficina. A su juicio, esto es «otro reflejo de las lamentables políticas regulatorias del Ministerio de Industria: a golpe de ocurrencias, sin perspectivas ni visión de conjunto y de espaldas a las organizaciones representativas de los intereses de los usuarios».

Esta asociación considera «insólito» que ni siquiera tenga dotación presupuestaria específica y teme que acabe siendo un órgano «aún más lento y poco operativo que la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones».

FACUA teme que acabe siendo un órgano «aún más lento y poco operativo que la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones»

La resolución de conflictos sólo podrá llevarse a cabo si las compañías eléctricas y gasistas quieren, ya que esta función tendrá carácter voluntario para las partes. Y es que, recuerda FACUA, las competencias para expedientar a estas empresas ante posibles irregularidades están en manos de las comunidades autónomas.

Además, la norma no aclara qué valor tendrán las decisiones de la oficina ante las reclamaciones de los usuarios. Así, denomina «función de arbitraje» al papel que desempeñará para «resolver las controversias», pero no aclara si será un auténtico sistema arbitral, con laudos de obligado cumplimiento para las partes que se sometan a él, o un simple papel de mediación del que pueden no obtenerse resultados vinculantes, concluye FACUA.

Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo

Ayer se constituyó el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, “un importante paso para la consolidación y desarrollo de este sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y usuarios y sus proveedores”, dijo el Ministerio de Sanidad y Consumo.

La creación de este organismo está prevista en el real decreto, aprobado hace un año, por el que se modifica la regulación del sistema arbitral de consumo. “Esta regulación es la primera variación que se introduce desde 1993, año en el que se creó este procedimiento cuyas características (gratuidad, voluntariedad, sencillez de tramitación y rapidez de la resolución final o laudo arbitral de obligado cumplimiento para las partes) hace que cada año se presenten al mismo unas 60.000 solicitudes de arbitraje”, explicó el Ministerio.

En su primera reunión, el Consejo General fijó las directrices para la acreditación de los árbitros (“capacidad”, “honorabilidad” y “cualificación”), así como los criterios homogéneos para la creación de órganos arbitrales sectoriales y especializados, que podrán ser creados por razones de inmediatez, especialidad y volumen de solicitudes, o por especial complejidad de la reclamación o de su regulación.

Además de estas funciones, el nuevo Consejo General tiene como objetivos seguir, apoyar y realizar propuestas de mejora del arbitraje de consumo; aprobar programas de formación de árbitros; crear planes estratégicos de impulso del sistema, y habilitar instrumentos que favorezcan la cooperación y comunicación entre las juntas arbitrales y los árbitros.

Este organismo cuenta con representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), de las organizaciones empresariales y profesionales, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y del Consejo General de la Abogacía.

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