El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que regula el sistema de protección por desempleo de los trabajadores por cuenta propia y que beneficiará, según los cálculos del Ejecutivo central, a un millón de emprendedores. El texto será enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen y se pueda iniciar así su tramitación parlamentaria.
El sistema que ha diseñado el Gobierno se basa en tres principios: es «contributivo, solidario y sostenible financieramente». Tendrá un carácter mixto, entre voluntario y obligatorio. Será obligatorio para los emprendedores que tienen que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, es decir, los autónomos económicamente dependientes (al menos el 75% de sus ingresos vienen de un mismo cliente) y quienes desempeñen actividades con un mayor riesgo de siniestralidad.
En la actualidad, hay 539.338 trabajadores autónomos que cotizan por contingencias profesionales, incluidos los 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario, aunque el Gobierno estima que cuando se determinen las actividades con mayor riesgo de siniestralidad (previsiblemente transporte, construcción, y algunas actividades industriales) y se desarrollen los contratos de los económicamente dependientes, el número de autónomos cotizantes ascenderá aproximadamente a un millón.
La cuantía del subsidio durante todo el periodo de disfrute será equivalente al 70% de la base por la que el autónomo cotizó durante los doce meses anteriores al cese de su actividad. Sobre la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 833,40 euros mensuales para 2009, la prestación alcanzaría los 583,38 euros y la prestación máxima puede llegar a 1.383,9 euros en el caso de tener dos o más hijos.
Su duración será de entre dos y seis meses, en función del periodo cotizado, y de hasta nueve en el caso de los mayores de 60 años. En concreto, quienes hayan cotizado entre un año y 17 meses tendrán dos meses de paro, y los que hayan pagado tres años o más, seis meses. Si tienen más de 60 años, la prestación será de tres meses en el primer caso y nueve en el segundo.
Dado que en los primeros 12 meses no hay gasto en prestación, se ha establecido un tipo de cotización para los trabajadores autónomos del 1,5% de la base, con una reducción del 0,5% en la cotización por la cobertura de incapacidad temporal, por lo que el trabajador cotizará efectivamente para el primer año sobre un 1%, sobre la base mínima de 833,40 euros. La cotización mínima sería de 12,5 euros mensuales, sin aplicar la reducción del 0,5%, y de 8,33 con la reducción.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá cada año el tipo de cotización que permita financiar este sistema de protección de los trabajadores autónomos que cesen involuntariamente en su actividad.
Reacciones
Las organizaciones de los trabajadores autónomos han acogido con críticas el anteproyecto de ley, puesto que ven «insuficiente» la protección que ofrece el Ejecutivo central.
Para la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), la medida es «adecuada» en sus objetivos, pero «insuficiente» y «mejorable» porque «se trata de una prestación corta al contemplar un tope máximo de seis meses de prestación». El presidente de ATA, Lorenzo Amor, explicó que el colectivo «está dispuesto a aumentar la cotización, desde el 2% el primer año al 4% el quinto, siempre que la prestación sea mayor» y se amplíen los períodos a entre tres y doce meses.
Otras dos asociaciones, UPTA y Anespa, se sumaron a las críticas y pidieron revisar al alza el tiempo de protección. Anespa consideró «lamentable» que los autónomos disfruten de seis meses de paro como máximo, y los asalariados de 24, y que estos beneficios no serán reales hasta 2011.
