La profunda crisis económica por la que atraviesan la mayoría de los países desarrollados ha llevado a los gobiernos a tomar una serie de medidas para intentar paliar las consecuencias que esta negativa situación ha generado. Una de las iniciativas que desde hace tiempo piden colectivos progresistas y antiglobalización es la implantación de un impuesto que grave las operaciones que llevan a cabo los especuladores financieros. El Gobierno ha asegurado que aplicará la llamada Tasa Tobin a partir de 2013, ¿pero qué repercusión tendrá sobre los ciudadanos? Mientras sus defensores creen que habría un mejor reparto de la riqueza, sus detractores consideran que los gastos se trasladarían al consumidor.
La Tasa Tobin y sus efectos
El impuesto sobre transacciones financieras que algunos gobiernos europeos han planteado se basa en la propuesta que el economista James Tobin realizó en los años setenta para gravar los movimientos especulativos sobre las divisas. La intención era, según sus propias palabras, «arrojar unos granos de arena en las ruedas de la especulación».
Después, la idea original evolucionó y fueron los movimientos antiglobalización, las ONG y grupos progresistas quienes pidieron – y creen aún necesaria- la implantación de esta tasa.
Con un impuesto del 0,05%, España recaudaría anualmente 6.300 millones de euros
Ante la dificultad de un acuerdo para aplicarla en todo el planeta, la Comisión Europea y algunos líderes como Nicolás Sarkozy quisieron ponerla en marcha en la eurozona. El expresidente francés lo intentó en su país, pero al final, las presiones de los bancos hicieron que desistiese de su idea inicial.
La propuesta de Bruselas, realizada en septiembre del año pasado, consiste engravar la compraventa de acciones y bonos con un 0,1% y los contratos con derivados, con una tasa del 0,01%. Hasta ahora, como estas transacciones no están sometidas a ninguna tributación, se puede hacer un número indefinido de operaciones especulativas. Es dinero que circula, pero que no crea riqueza real entre los ciudadanos.
Ante la posibilidad de una fuga de inversores, que podría darse si solo la eurozona aprobara la tasa, se aplicaría a todas las transacciones en las que participara un residente en estos países, aunque realizara la operación desde otro lugar.
Las grandes empresas financieras podrían repercutir sobre sus clientes las tasas que les impongan los estados
Los expertos no se ponen de acuerdo sobre los efectos que podría tener la tasa sobre los países y sobre los ciudadanos. Mientras que sus defensores piensan que es beneficiosa y puede servir para recaudar impuestos y destinar el dinero a quienes más lo necesitan, los grupos que se oponen consideran que, en último extremo, el perjudicado será el ciudadano.
Consecuencias positivas de la Tasa Tobin
La aplicación de una tasa supondría cierto freno a las operaciones especulativas que, según algunas fuentes, son el 80% de las que se realizan en el mundo. Estas acciones contribuyen en muchos casos a hundir gobiernos, empeorar la situación de un país o acercarle a la quiebra cuando se encuentra en un escenario de riesgo. Si estuvieran gravadas con un pequeño porcentaje sobre el monto de la operación, su número disminuiría.
Reducción de la pobreza
Si se aplicara en todo el planeta, los agentes que realicen este tipo de operaciones tendrían que pagar la tasa, pues no habría ningún país que diera cobijo a los movimientos especulativos sin cobrar un impuesto. Diversas organizaciones defienden desde hace tiempo la idea de establecer este gravamen y destinar el dinero obtenido a la cooperación y el desarrollo de los países más pobres.
Con el pequeño porcentaje que se aplica, se obtendría dinero suficiente para combatir la pobreza y las enfermedades que hoy se curan con facilidad en Occidente. No obstante, en la actualidad, parece que la posibilidad de implantar una tasa de manera global es solo una utopía.
Mayor recaudación
Si la tasa tuviera una aplicación de menor alcance y solo se estableciera en la Unión Europea o en la zona euro, también tendría consecuencias positivas para los ciudadanos que viven en estos países.
Según el estudio realizado por la Comisión, solo con aplicar un 0,01% a los contratos que se realicen con derivados y un 0,1% al intercambio de acciones y bonos, se podría recaudar cada año 57.000 millones de euros. Tal y como fija el plan establecido por Bruselas, el dinero se repartiría entre la UE y los países que lo aplicaran. La imposición de la tasa sería, por tanto, favorable para los estados -con las arcas muy mermadas por la bajada de ingresos- y debería repercutir de modo positivo sobre los ciudadanos.
Un estudio de la Fundación Ideas sostiene que si se estableciera un impuesto del 0,05% sobre la cuantía de la operación realizada, España recaudaría cada año 6.300 millones de euros, siempre que no se redujera el volumen de contratación, es decir, si las transacciones realizadas fueran las mismas. Pero añade que si se hicieran un 65% menos de operaciones debido a la aplicación de la tasa, los beneficios obtenidos serían de 2.200 millones de euros al año.
Efectos negativos
Los detractores de la tasa sobre transacciones financieras creen que no es el momento adecuado para aprobarla y consideran que no tendrá los efectos positivos deseados.
Fuga de inversores
Si por las operaciones bursátiles no minoristas los inversores tuvieran que pagar un impuesto, por mínimo que sea, realizarían sus acciones desde otros países. Como ya ha quedado claro que no todas las naciones están dispuestas a aplicar el gravamen, muchos agentes huirían a mercados sin tasas.
Esto penalizaría a los estados que pusieran en marcha el impuesto. En el supuesto poco probable de que se aprobara de forma global, operarían desde paraísos fiscales. Y en todo caso, los posibles afectados cuentan con artimañas legales para sortear estas imposiciones.
Repercutir la tasa sobre el consumidor
Cada vez que un mandatario sugiere la idea de una tasa que podría perjudicar a los inversores especuladores, se escuchan amenazas solapadas de que será el consumidor quien se haga cargo de los gastos.
Las grandes empresas financieras tienen medios para repercutir sobre sus clientes las tasas que les impongan los estados, con lo que, al final, el ciudadano podría salir perjudicado.
