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Analizadas 34 asesorías legales en Internet: 12 de ámbito jurídico general, 11 especializadas en divorcios exprés y 11 en multas y accidentes de tráfico

  • Última actualización: 11 de abril de 2011

Un negocio en auge

Imagen: Steve Woods

Asesoría legal online: demasiada letra pequeña, incumplimientos en el plazo de respuesta y publicidad no del todo veraz, principales carencias.

Recurrir a un abogado para consultar dudas legales o jurídicas era hasta no hace muchos años y por su importante coste, una iniciativa casi exclusiva de las empresas y de personas con elevados ingresos económicos. Hoy, las nuevas tecnologías han democratizado este servicio de asistencia jurídica. Los usuarios pueden acceder mediante Internet a un número creciente de compañías que ofrecen asistencia legal inmediata a cambio de cantidades asequibles para el ciudadano común. Por unos 40 euros se puede solicitar asesoramiento legal para un asunto concreto; no más de 90 euros cuesta adquirir un 'Bono por Consultas', que da derecho a pedir asesoría para diez cuestiones distintas; por cerca de 85 euros al año el cliente puede conseguir que le recurran todas las multas de tráfico que reciba en ese periodo y por 500 euros una pareja puede divorciarse haciendo las gestiones sin moverse de su ordenador. Pero no todo son ventajas; este abaratamiento de costes se traduce también en la ausencia de una relación personal con el abogado, en la reducción del ámbito de acción de la asistencia a cuestiones de poca importancia económica y que raramente acaban en pleito judicial, aunque abordan las distintas ramas del Derecho (laboral, fiscal, civil, mercantil o penal).

El asesoramiento virtual de un abogado por un asunto concreto tiene un precio medio de 40 euros, un bono por diez consultas cuesta 90 euros, cinco más que un servicio anual de recurso de multas, y las gestiones de un divorcio, 500 euros.

Una investigación encargada por Hispacoop (Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios) ha constatado, tras el análisis de 34 firmas -12 de asesoría jurídica general, 11 especializadas en divorcios exprés y 11 especializadas en multas y accidentes de tráfico- que su funcionamiento, tarifas y servicio registran notables variaciones en función de la firma elegida. Entre los principales reparos destaca que la publicidad no se corresponde con la realidad (sólo el 17% de las empresas que ofertan un abogado gracias a un pago anual cumplen con este compromiso ya que no ponen en contacto al usuario con un abogado que atienda sus problemas, se limitan a asesorar al cliente y a redactar y tramitar documentos a su nombre. También en materia de información hay problemas: en casi una de cada dos empresas de asesoría legal online el usuario se topa con una letra pequeña que oculta limitaciones contractuales importantes: por otra parte, la mayoría de las que establecen contratos temporales con el consumidor renuevan de forma automática el servicio sin pedir la aprobación al cliente. Además, es común que estas empresas apuren en exceso los plazos para responder las preguntas de los clientes, sobre todo cuando la comunicación es por correo electrónico.

Cómo se hizo

La primera parte del estudio analizó las páginas web de las 34 empresas de asesoría legal online más publicitadas o mejor colocadas en buscadores: 12 de asesoría jurídica general, 11 especializadas en divorcios exprés y 11 especializadas en multas y accidentes de tráfico. El segundo paso del informe consistió en una prueba práctica. Se crearon, para llevarla a cabo, 9 personalidades ficticias desde las que se realizaron numerosas consultas, tanto generales como específicas, durante octubre y noviembre de 2008 a través del correo electrónico. Se estableció un contacto prolongado con todas las compañías y se les remitió un paquete de dudas como si se tratara de clientes potenciales, haciéndoles creer que se pensaba contratar el servicio. Se descartaron ocho de estas 35 empresas porque no respondieron al primer acercamiento o porque sólo ofrecían como alternativa la vía telefónica. El contacto continuado se mantuvo, por tanto, con 27 compañías (12 de asesoría jurídica general, nueve especializadas en divorcios exprés y seis dedicadas a la gestión de multas y accidentes de tráfico). Con 11 de estas empresas se dio un paso más, al establecerse una relación contractual que permitiera determinar la diferencia entre lo anunciado y lo ofrecido: fueron 6 de asesoría jurídica general (dos de pago de cuota anual -Iabogados y Legalitas-, 2 de pago por cada consulta jurídica -Ley Directa y Lo Más legal- y otras 2 de respuesta jurídica telefónica a través de un 807, LeyDirecta e Infolegal); dos de divorcios (Divorcio Express y Divorcio Ya) a las que se solicitó que redactaran convenios reguladores y a tres compañías que recurren multas (Sin Multas, Autoplus y Dvuelta) se les envió una sanción en la que el plazo límite de pago había expirado.

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