La Ley de Costas se reforma

Reforma de la Ley de Costas, principales novedades

Cerca de 10.000 viviendas y 23.000 ocupaciones no residenciales estaban pendientes de la reforma de la Ley de Costas

El Congreso ha aprobado la modificación de la Ley de Costas de 1988. El texto normativo presenta las siguientes novedades:

• Cambios en el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT): se aplican criterios «estrictamente técnicos para deslindar la costa». La DPMT se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos. Se impiden nuevas edificaciones en el DPMT y que las obras de mejora en los edificios ya creados aumenten en volumen, altura o superficie. Los bienes de DPMT se deberán inscribir en el Registro de la Propiedad. La zona de servidumbre para proteger se reduce de 100 metros a 20 metros de ancho en los núcleos de población. Los terrenos inundados de forma artificial no pasarán a ser demaniales (de dominio público), salvo que antes de la inundación ya lo fueran. En cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.
• Aumenta el plazo máximo de las concesiones hasta 75 años: las concesiones vigentes a edificaciones vencían a partir de 2018 y, por ello, se debían demoler. En dicha fecha expiraban unas 1.100 concesiones de viviendas. Con la reforma se posibilita una prórroga extraordinaria por un plazo máximo de 75 años, incluida su transferencia inter vivos. Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), hay 10.000 viviendas en DPMT, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988.
• Amplía la autorización para los chiringuitos: los establecimientos de playa desmontables también se libran de la demolición al beneficiarse de la ampliación a 75 años. Según el MAGRAMA, hay más de 3.000 chiringuitos en las costas españolas (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos), y solo en Andalucía suponen más de 40.000 empleos.
• Incluye una cláusula «antialgarrobicos»: el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), se ha convertido en el símbolo de la destrucción de la costa. La reforma introduce un mecanismo para que se pueda reaccionar de forma «rápida y eficaz» con el fin de evitar estas situaciones ilegales. El Estado podrá suspender vía administrativa los actos y acuerdos de entidades locales que vulneren la ley.
• Las industrias deberán superar un informe ambiental: las empresas extractivas, energéticas, químicas, petroquímicas, textiles y papeleras deberán superar un informe del órgano ambiental autonómico para beneficiarse de la prórroga, que concederá en su caso el Gobierno (esta competencia pertenecía antes a las Comunidades Autónomas). El MAGRAMA señala que hay más de 1.700 ocupaciones industriales.
• Mayor protección para las playas «naturales»: la reforma distingue entre los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y los tramos naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Estas últimas tendrán una protección mayor a la ya vigente.
• Nueva concesión para los puertos deportivos: se establece un tiempo de 35 años.

Críticas a la reforma de la Ley de Costas

El MAGRAMA, autor de la propuesta, asegura que la reforma «no es una amnistía de situaciones ilegales, sino una forma de proteger mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y de acabar con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas, que creaba inseguridad jurídica a ciudadanos y empresas».

Sin embargo, diversos colectivos ecologistas y representantes políticos piensan todo lo contrario. Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, asegura que «la nueva Ley de Costas no se ha realizado por y para la defensa del bien común, pues recorta un bien público, blinda concesiones privadas y añade riesgos financieros y jurídicos al Estado». Los expertos de SEO/BirdLife consideran que el nuevo texto no soluciona las indefiniciones de la anterior ley, sino que en muchos casos se mantienen o incrementan. En su opinión, los puntos más graves son que deja fuera a las salinas, que no justifica la reducción de las servidumbres, que amplía las concesiones, que desatiende al carácter dinámico de la costa, en especial ante la actual amenaza de cambio climático, y que no explica por qué determinados núcleos urbanos quedan excluidos del DPMT sin más.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, la considera «un retroceso de 40 años, cuando España soportaba los peores momentos del desarrollismo urbanístico en la costa». Los responsables de WWF creen que la reforma profundiza en la desnaturalización de los ecosistemas costeros y agrava la presión urbanística, al priorizar los intereses particulares sobre el interés general. Además de los mismos puntos graves señalados por SEO/BirdLife, WWF añade que se desoye el riesgo de inundaciones de determinados núcleos de población: «todo lo contrario que en el resto de Europa y EE.UU., donde se aumenta la protección de la franja costera como principal línea de defensa y se llevan las infraestructuras al interior». Los expertos de esta ONG recuerdan que se desconoce cuánto supondrá para el erario público la aprobación de esta Ley.

El MAGRAMA asegura que la Comisión Europea «ha valorado de forma muy positiva su contenido, porque considera que dará seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español». El documento, para justificar la reforma, cita en su preámbulo el «Informe Auken», aprobado por el Parlamento Europeo (PE) en 2009 y que denunciaba el «urbanismo salvaje» en España. Su impulsora, la eurodiputada danesa Margrete Auken afirma, en declaraciones a EFE Verde, que la reforma podría acarrear la apertura de un procedimiento de infracción contra España en la Unión Europea por incumplimiento de hasta cuatro directivas (como la de aguas, protección frente a inundaciones, participación pública y tratamiento de aguas). En su opinión, «esta ley abre las puertas a un nuevo boom inmobiliario en la costa».