Restringir la movilidad de los vehículos más contaminantes puede perjudicar a las rentas más bajas, según Faconauto

• Fecha de publicación: 24 de marzo de 2008

Las medidas anunciadas por algunos ayuntamientos para restringir el acceso al centro de las ciudades de los vehículos más contaminantes, al objeto de reducir las emisiones de CO2, suponen un "ataque frontal a la libertad y movilidad" de las familias con menor poder adquisitivo, para las que resulta materialmente imposible optar a vehículos nuevos dotados de mecánicas más eficientes, afirma la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

La patronal estima que la implantación de una "zona de bajas emisiones" -anunciada por el Ayuntamiento de Madrid-, de forma que en el año 2010 no puedan circular por el centro de la ciudad los vehículos con 11 o más años de antigüedad, afectaría a cerca de un millón de vehículos, perjudicando a los colectivos con rentas más bajas, entre los que se encuentran los mileuristas -el 48% de la población madrileña- y los inmigrantes, que adquieren casi dos de cada diez vehículos usados.

Según Faconauto, para que esta medida resultara factible sería necesario fomentar el transporte público de manera que los ciudadanos, principalmente aquellos que residen fuera del cinturón metropolitano, cuenten con medios alternativos reales y eficaces para poder llegar al centro de la ciudad en un tiempo razonable sin necesidad de tener que recurrir a su propio vehículo.

Alternativas

Como alternativa a la medida propuesta por el Ayuntamiento de Madrid, Faconauto propone la puesta en marcha de un Programa Regional de Renovación del Parque Automovilístico que estimule la retirada de aquellos vehículos más viejos y contaminantes, y que alcance a todos los segmentos, desde los turismos hasta los vehículos industriales pesados, autobuses y autocares.

La patronal de los concesionarios plantea también liberalizar el sistema de ITV y el aumento del nivel de exigencia de estas inspecciones para mejorar la calidad del parque. La patronal estima que el modelo actual de inspecciones es "ineficaz", por la creciente laxitud y permisivismo en el cumplimiento de la ley, y "perjudica al consumidor".