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Lengua de signos

Se espera que antes de finales de año entre en vigor la Ley que regula la comunicación entre personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas

Imagen: Calum Davidson

En España hay casi un millón de personas con algún tipo de discapacidad auditiva. De ellas, entre un 8% y un 10% considera a la Lengua de Signos su lengua materna. Sin embargo, hasta que no se apruebe la Ley que la regula, no se considerará un idioma. El Congreso de los Diputados acaba de dar luz verde al Proyecto de Ley que reconoce las lenguas de signos, por lo que se espera que la norma entre en vigor antes de que acabe el año. Las asociaciones de personas afectadas y familiares han acogido esta Ley con los brazos abiertos, aunque todas ellas coinciden en que llega demasiado tarde. Han pasado 30 años desde que se escucharon las primeras reivindicaciones.

Aprendizaje y uso de la LSE

El pasado 28 de junio el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley por el que se reconoce y regula las lenguas de signos españolas (LSE) y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Decir el nombre completo es casi una obligación, ya que por primera vez se reconocen los derechos de un colectivo muy amplio (aproximadamente un millón de personas), que podría beneficiarse de la Ley antes de finales de año, probablemente en el mes de noviembre. Como principal novedad, esta norma pretende facilitar el acceso a la información y a la comunicación de las personas sordas. Para ello, tiene en cuenta la heterogeneidad y las necesidades específicas de cada grupo y reconoce a la Lengua de Signos Española (LSE) como lengua de las personas sordas que decidan utilizarla, pero también se compromete a facilitar el aprendizaje de la lengua oral. "Se cree que las personas sordas son también mudas, pero esto no es así. La mayor parte de las personas sordas hablan. De hecho, un 90% - 92% habla lengua oral y sólo el 8% - 10% habla por signos", subraya la presidenta de la Confederación de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), Marí Luz Sanz.

"Esta Ley es un reconocimiento definitivo de la identidad bilingüe y bicultural de las personas sordas"

En la Ley se establecen garantías legales para el acceso a la comunicación en ámbitos en los que ahora no siempre es posible, como educación, sanidad, ocio y formación; se equiparan las lenguas de signos española y catalana; y se obliga a que todos los mensajes institucionales sean "plenamente accesibles", así como las informaciones de los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales que tengan carácter institucional y gratuito. También destaca como novedad la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que se encargará de "investigar, fomentar, difundir y velar" por el buen uso de la LSE, y el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, que ya se puso en marcha en febrero de 2006 y cuya finalidad es investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción.

"Los padres queremos la normalización para nuestros hijos y eso pasa por la igualdad e integración"

Para la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), esta nueva Ley supone un "logro histórico", ya que ayudará a romper las barreras que impiden el acceso a determinados ámbitos y es "un reconocimiento definitivo de la identidad bilingüe y bicultural de las personas sordas". En este sentido, la norma es vista como una especie de plataforma para dar el salto a la participación plena en la vida social. Se considera una oportunidad para lograr la igualdad de derechos para todas las personas sordas. "Es una ley muy completa y específica. Los padres queremos la normalización para nuestros hijos y eso pasa por la igualdad e integración", subraya Marí Luz Sanz.

También el presidente de la Coordinadora de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Signos Española de la Comunidad Autónoma de Madrid (CILSEM), Jordi Ferré, considera que la nueva Ley es "un gran paso", aunque asegura que se ha tardado mucho en darlo porque "las personas sordas llevaban más de 30 años pidiendo la oficialidad de su lengua". Además, lamenta que se haya tenido en cuenta a las asociaciones e instituciones, pero no a los intérpretes, porque también realizan una función muy importante: servir de puente de comunicación entre la persona sorda y la persona oyente a quien se dirige.

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