El Gobierno francés, utilizando el procedimiento de urgencia, está a punto de aprobar una Ley de Propiedad Intelectual que impone a los proveedores de Internet la obligación de controlar el flujo de la Red en busca de «contenidos protegidos» por derechos de autor. Quien no cumpla se enfrentará a la cárcel y/o a multas de hasta 300.000 euros.
Esta normativa, que responde a las aspiraciones del conglomerado mediático Vivendi/Universal y de la sociedad de autores francesa SACEM, prohíbe la utilización de cualquier software que pueda ser utilizado para la transmisión de contenidos protegidos en Internet y que no soporten un Control de Derechos Digitales. Esto incluye prácticamente todos los navegadores, programas de FTP, mensajería instantánea o telefónica y programas P2P.
Además, todas las emisoras de radio o televisión en Internet estarán obligadas a emitir únicamente programas protegidos por derechos digitales. Da igual que se trate de música no controlada por la SACEM, de la retransmisión de un concierto de noveles o del cumpleaños familiar.
También quedará prohibido hacer compilaciones propias, transferir canciones de un CD (propio) al formato MP3, prestarle un CD o un DVD a un amigo, leer un DVD en el ordenador con un software gratuito… Todo ello bajo penas de cárcel.
Punto de equilibrio
Para el ministro de Cultura, Donnedieu de Vabres, la ley busca «un punto de equilibrio» entre la difusión cultural y artística a través de Internet y los derechos de los creadores. «La gratuidad total de la cultura en Internet es un engaño porque la remuneración de los creadores es legítima y necesaria y debe ser preservada en favor de la diversidad», asegura.
Sin embargo, la nueva normativa ha recibido encendidas críticas por parte de asociaciones de consumidores, sindicatos y sociedades de gestión de los derechos de los artistas. Su principal queja es que el control de la circulación de obras puede ser llevado a cabo sobre todo por empresarios, ya que la lectura de los ficheros criptados requiere el uso de programas informáticos específicos.
Estos sectores solicitan el establecimiento de una «licencia global» que permita el intercambio de contenidos culturales con fines no comerciales, mediante el pago de un canon.
