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La firma electrónica

Una herramienta eficaz y segura para rubricar documentos a través de Internet con la misma validez jurídica que la firma manuscrita.

  • Última actualización: 28 de marzo de 2005

A pesar de su creciente influencia en la vida cotidiana, la desconfianza en Internet como medio para comerciar o realizar trámites administrativos que exijan acreditar inequívocamente la identidad de una persona está aún hoy muy extendida. Los internautas utilizan la Red para buscar información o para entretenerse pero si se trata de dar el número de la tarjeta de crédito o datos de carácter personal, la cosa cambia. Internet es comunicación, pero uno de sus mayores problemas es la identificación segura y veraz de personas y entidades. La firma electrónica viene para tratar de solucionar estos problemas y dinamizar la Administración y el comercio electrónicos.

¿En qué consiste?

La firma electrónica es un conjunto de datos generados mediante un algoritmo matemático y basado en técnicas criptográficas que se añade al documento que se quiere enviar por Internet y que permite vincular ese documento a una determinada persona o entidad. Este sistema cifra los mensajes gracias a dos claves, una pública y otra privada, vinculadas entre sí. Toda la información que un usuario que disponga de un certificado con firma electrónica mande a través de la Red estará asociada a su clave privada, que sólo él conoce, emparejada con una clave pública en manos del receptor. Al recibir el mensaje -que llega encriptado- introduce la clave pública y se descodifica la información. Así se verifica la procedencia del mensaje y se comprueba que verdaderamente ha sido firmado por el emisor, a la vez que se la integridad del contenido.

Sin embargo, en esta relación no sólo intervienen el emisor y el receptor. Un tercer actor entra en juego: la Autoridad Certificadora (AC) o prestador de servicios de certificación. Es lo que la Ley de Firma Electrónica, aprobada en diciembre de 2003, denomina "tercera parte de confianza". Este prestador de servicios de certificación puede ser un organismo público o una empresa privada. La AC expide un certificado digital que da fe de la vinculación entre una clave pública y una persona física o jurídica: establece, en definitiva, la identidad del emisor y del receptor, sin tener acceso a la información que se intercambian.

Al alcance de la mano

Conseguir un certificado con firma electrónica es bastante sencillo. Para empezar, habrá que conectarse a la página web de cualquier AC (ANCERT, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o ipsCA son las principales) y el propio navegador generará las dos claves, la pública y la privada. Después, el usuario (ya sea un particular o una empresa) deberá entregar su clave pública en una Oficina de Acreditación.

Allí, un oficial de acreditación comprobará que la identidad del usuario se corresponde con los datos aportados. Una vez que el usuario se ha identificado y ha quedado asociado a la clave pública, tendrá que firmar tres contratos originales, corroborados también por la firma del oficial de acreditación. El cliente se quedará con uno de esos contratos, otro la AC y el tercero la Oficina de Acreditación. Todos ellos conocerán la relación entre la personalidad del cliente y la clave. De vuelta a casa, el internauta se descargará la firma electrónica, rubricada por la AC, con su par de claves previamente generadas. Desde ese momento ya puede firmar en la Red de forma segura y con la misma validez jurídica que la manuscrita.

Los certificados suelen tener un período de vigencia que oscila entre uno y cuatro años, aunque eso depende de cada Autoridad de Certificación. En la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), los certificados de firma electrónica duran un máximo de cuatro años y no se cobra al usuario por ellos (otras AC privadas sí cobran). Los precios también son variables. ANCERT, Agencia Notarial de Certificación, pone a la venta un Certificado Notarial Personal por 120 euros (140 si es una empresa) y un período de validez de tres años que le servirá al usuario para firmar toda clase de documentos notariales.

Los certificados de usuario con firma electrónica pueden ser utilizados en muchas ámbitos: desde el tributario al mercantil, pasando por el laboral o el hipotecario.

Tipos de firma

Existen dos tipos de firma electrónica:

  • La firma electrónica básica es un conjunto de datos recogidos electrónicamente que formalmente identifican al autor y se incorporan al propio documento. El problema de este sistema es que no se puede saber a ciencia cierta si el documento ha sido creado por la persona que lo firma o si verdaderamente lo ha firmado él y no una tercera persona que ha suplantado su identidad.
  • La firma electrónica avanzada permite la identificación del emisor del mensaje ya que está vinculada de manera única al que firma el documento y a los datos que incorpora, ya que es el signatario quien únicamente posee el control exclusivo de estas claves. Además permite saber si estos datos han sido modificados posteriormente o en su transcurso. A esta firma la ley le otorga plena eficacia jurídica y valor probatorio en juicio.

España, pionera en la regulación de la firma electrónica

El Gobierno español fue uno de los primeros en toda Europa en regular la firma electrónica a través de un Real Decreto, en 1999, medida enmarcada en la apuesta por el desarrollo de la Sociedad de la Información. Se levantaron varias voces críticas tanto por su tramitación, con carácter de urgencia y no mediante una ley debatida en el Parlamento, como por la falta de concreción en los requisitos necesarios para prestar servicios de certificación.

A medida que el número de usuarios con firma digital aumentó (pasaron de ser 120.000 en 2001 a más de medio millón en 2004), se hizo más patente la necesidad de una ley que clarificará el panorama. Ésta llegó en diciembre de 2003 y una de sus principales novedades fue la introducción de la firma digital para las empresas -hasta entonces esa ventaja sólo se les proporcionaba en las transacciones tributarias-. También reguló estrictamente el mercado de la certificación digital. Pero lo más llamativo fue que sentó las bases legales del futuro DNI electrónico, estipulando que en él se incluyeran dispositivos de firma electrónica.


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