El Gobierno tiene intención de elevar del 25% al 30% el porcentaje obligatorio de viviendas de protección oficial (VPO) en los nuevos desarrollos urbanísticos durante la tramitación de la Ley del Suelo, que ayer superó el debate de enmiendas a la totalidad presentadas en el Congreso por PP y CiU. Un movimiento que los promotores dicen que elevará el precio de la vivienda libre, sobre la que deberán repercutir sus menores márgenes al aumentar el número de casas protegidas.
Pese a superar el trámite, todos los grupos parlamentarios, salvo el socialista, expresaron sus dudas sobre la eficacia de la ley en la lucha contra la especulación y la corrupción urbanísticas. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, sin embargo, se mostró convencida de que la norma frenará los excesos al favorecer la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de las ciudades.
El proyecto de Ley del Suelo se presentó como el instrumento con el que frenar el encarecimiento del precio de los pisos. Sin embargo, la aparición en los últimos meses de varios escándalos urbanísticos y la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 han alterado el orden de los argumentos de la ministra. Trujillo comenzó su discurso en la Cámara Baja asegurando que «es un proyecto en contra de la especulación».
El portavoz popular en materia de vivienda, Pablo Matos, aseguró que «es rotundamente falso que la ley ataque la especulación». Desde CiU, Jordi Jané se mostró partidario de luchar contra la corrupción mediante un gran pacto de Estado, mientras que José Ramón Beloki (PNV) afirmó que «es un error pensar que la Ley del Suelo va a solventar los problemas».
