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Antes de este real decreto, cada comunidad autónoma tenía sus propias recomendaciones y no existía una normativa estatal que estableciera criterios estrictos para la alimentación saludable y sostenible en los comedores escolares de manera obligatoria en todos los centros. La medida tiene como principal objetivo asegurar que todos los niños, las niñas y adolescentes de nuestro país tengan acceso cada día a una alimentación sana, nutritiva y variada en los comedores escolares, con independencia del nivel de renta de sus familias.
¿Significa eso que los escolares españoles van a comer lo mismo se encuentren donde se encuentren? Ni mucho menos. Según fuentes del ministerio que han participado en la elaboración del texto, no se trata de uniformizar la cocina escolar, sino de sentar unas bases comunes: “Lo que plantea son unos mínimos para garantizar una alimentación saludable, pero desde ahí [los centros] tienen la absoluta libertad y flexibilidad para seguir desarrollando sus modelos”.
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Estos son los principales cambios
Los cambios se verán en el menú y en su frecuencia de alimentos. La fruta diaria como postre principal deja de ser una recomendación para convertirse en norma; la verdura pasa a ocupar un lugar fijo cada día, ya sea como primer plato o como guarnición, con prioridad para productos frescos y de temporada; las legumbres ganan presencia semanal en diferentes preparaciones —guisos, ensaladas y cremas—; las carnes se reequilibran para dar más protagonismo a platos vegetales completos y a combinaciones con cereales integrales cuando sea posible, y el pescado aumenta su frecuencia con preparaciones al horno, a la plancha o en guiso.

En este sentido, la nueva norma establece la presencia de entre una y tres raciones de pescado a la semana en el menú, lo que supondrá un incremento importante del consumo de pescado a nivel nacional en los centros, ya que, según estimaciones de Consumo, hay 1.200 comedores escolares en España en los que jamás se sirve pescado.
La eliminación de bebidas azucaradas y energéticas en máquinas de vending y en algunos menús marca un corte nítido con prácticas extendidas en algunos centros, al tiempo que la bollería industrial deja de formar parte de la oferta habitual. Las frituras se reducen a una frecuencia baja y los precocinados quedan limitados a casos puntuales.
¿Por qué es importante esta norma?
Aunque la iniciativa puede parecer sencilla, asegurar esas cinco comidas saludables a la semana tiene consecuencias beneficiosas que repercuten de manera directa en la salud de los niños y las niñas y que, además, impactan de manera notable más allá de los límites del centro escolar, en las propias familias. Lo avalan organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), numerosos estudios y, muy especialmente, la experiencia de otros países europeos, como Francia o Reino Unido.

Desde el ministerio apuntan que la fórmula funciona “a todos los niveles”. España arrastra cifras preocupantes en el exceso de peso infantil, con una marcada desigualdad social que impacta en los hogares con menos recursos. “Los datos indican que muchos niños y niñas, sobre todo los que tienen una situación más desfavorecida, van sin desayunar al colegio o tienen menos capacidad de acceder a alimentos más saludables y frescos, como frutas y verduras”, señalan.
Según el último informe Aladino, entre los 6 y 9 años, el 49,5 % del alumnado hace habitualmente la comida principal en el comedor escolar: “Es una población de muchas personas la que come diariamente en un comedor. Por lo tanto, asegurar una comida sustanciosa y saludable en ciertas capas de la sociedad es fundamental”, reconocen. Para muchos menores, la del comedor escolar es la única comida equilibrada del día.
¿Cuándo entra en vigor ?
La medida afecta a todos los centros escolares de España y ya ha empezado a implementarse este curso 2025-2026, como cuentan desde el ministerio: “A lo largo de este curso se deberían empezar a modificar los pliegos de condiciones para que entren en vigor las cuestiones más fundamentales e introducir los cambios en los menús, sobre todo aquellas que más impacto tienen en la salud. El curso que viene entrarán en vigor cuestiones como el tema de los alimentos de temporada y ecológicos. O sea, que los colegios tienen todavía margen”.
Desde el Ministerio de Consumo consideran que hay que dejar un tiempo razonable para que los centros y las empresas que proporcionan los servicios se adapten a los cambios: “Consideramos que el margen es suficiente y, además, las cuestiones fundamentales que entran antes son las más sencillas de incorporar”.
Salud infantil y salud medioambiental
El decreto no solo habla de salud directa, sino que también se refiere a aspectos que impactan de manera más indirecta, como la sostenibilidad, la temporada y la proximidad: al menos el 45 % de la fruta y hortalizas que se sirvan deberán ser de temporada. Esto exige repensar la planificación y abrir canales con productores cercanos cuando sea posible. Así, durante el curso 2026-2027 todos los centros en todas las comunidades autónomas deberán haber implementado el plan.

Desde el ministerio no prevén ningún problema, ya que la norma ha recibido un consenso muy amplio: “Consideramos que son cosas de sentido común y, además, están basadas en recomendaciones de la AESAN, que a la vez coinciden con lo establecido por muchas agencias y organismos autonómicos. Todo está muy alineado con lo que ya muchas de esas comunidades autónomas han planteado”.
Además, cuentan que para elaborar el decreto han visitado numerosos proyectos que hay en todo el país y que ya han aplicado desde hace años cambios hacia modelos mucho más saludables y sostenibles, como el proyecto Ecocomedores en Canarias, Horta Cuina en la Comunidad Valenciana o Menjadors Ecològics en Catalunya. “En diferentes comunidades autónomas gobernadas por diferentes partidos, para demostrar que no es una cuestión ideológica”, afirman.
A su vez, no se impone un modelo de alimentación, sino que se plantean unos mínimos. “Desde allí tienen absoluta libertad y flexibilidad para seguir desarrollando sus modelos. Lo que no tenía sentido, como cualquier cuestión de salud pública, es que hubiera diferencias en función de dónde estén o de la titularidad. Las instituciones son las primeras que tienen que tomarse en serio la importancia de la alimentación, del impacto que tiene en la salud y en el medio ambiente”, dicen desde el ministerio.


