Los trabajadores y pensionistas declaran cada año a la Hacienda Pública una media de 7.200 euros más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios, y alrededor de 7.600 euros más si se compara con los ingresos de los microempresarios (albañiles, fontaneros, entre otros). Los datos proceden de la II edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de la última estadística del IRPF-2008.
En junio de 2009, los asalariados y pensionistas declararon 19.288 euros de media, un 59,5% más que los pequeños y medianos empresarios y los profesionales liberales que tributan en estimación directa. GESTHA destacó que estos últimos se reconocieron como «mileuristas», al declarar unos rendimientos medios de 12.089 euros.
Los ingresos declarados por los microempresarios en módulos -que facturan menos de 450.000 euros anuales- se movieron también en el umbral del «mileurismo», al situarse en una media anual de 11.567 euros, un 66% menos que los trabajadores y jubilados. Según Gestha, esta situación «hace saltar las alarmas» al analizar estas cifras ya que, si se compara los ingresos declarados por empresarios y trabajadores, resultaría a primera vista «mucho más rentable ser trabajador o pensionista antes que notario, arquitecto, abogado o médico».
Además, si se comparan las estadísticas del IRPF correspondientes a 2008 con las de 1993, se observa que el diferencial entre las rentas declaradas por ambos colectivos ha aumentado en estos últimos quince años, hasta el punto de multiplicarse por cinco si se confrontan los ingresos tributados por los asalariados/pensionistas con los de los profesionales y pequeños y medianos empresarios, o por tres si se comparan con los declarados por los microempresarios.
Los Técnicos de Hacienda atribuyen este comportamiento tan dispar entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios (bien sea por estimación directa o por módulos) a «los altos niveles de fraude fiscal que arrastra España en estos últimos años, donde la bolsa de dinero negro crece ininterrumpidamente». La economía sumergida en nuestro país aumentó en 25.000 millones de euros entre 2000 y 2009, y alcanza en la actualidad los 245.000 millones de euros, lo que representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, donde el índice de evasión ronda el 13%.
Para Gestha, estas cifras evidencian que la Agencia Tributaria del Estado «pierde la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada», centrada en el control de las rentas del trabajo y las microempresas en lugar de inspeccionar algunas de las principales bolsas de fraude como las que representan los profesionales liberales y las grandes empresas, que frecuentemente hacen ventas sin IVA, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, o en demasiadas ocasiones «manejan» facturas falsas para contabilizarlas como gasto y poder deducirse un IVA no generado por el desarrollo de su actividad.
