El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al «Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2002» que movilizará 13.164 millones de euros, un 3% más que el correspondiente al ejercicio anterior, y que pretende beneficiar a los parados de más edad y a las mujeres.
Las medidas recogidas por el documento afectarán a 1.140.000 desempleados vía 1.630.000 acciones de inserción y los 13.164 millones de euros se repartirán en 4.587 para políticas activas; 1.800 para bonificar la contratación indefinida; y 4.500 para créditos a las pequeñas y medianas empresas. De las 1.630.000 acciones de inserción, 370.000 estarán destinadas a parados de larga duración y 940.000 a mujeres.
Entre las novedades del Plan 2002, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, señaló la nueva Ley de Formación Profesional y de Cualificaciones, la Ley de Calidad de la Enseñanza, el incremento de las tasas de escolaridad, el acuerdo suscrito entre patronal (CEOE) y sindicatos (CC.OO, UGT) para los convenios colectivos del presente año, el proyecto de nueva empresa para agilizar la creación de compañías y la subvención global a Ayuntamientos para contratar personal para la atención a menores y mayores.
Dentro del apoyo a la participación de los mayores en el mercado de trabajo incluye medidas incentivadoras para prolongar la vida activa a través de la recientemente aprobada reforma de la jubilación parcial. En relación a la mujer, Aparicio precisó que las actuaciones se dirigen fundamentalmente a favorecer su participación en las acciones de inserción laboral, a la contratación estable, la promoción del empresariado femenino y la aplicación del Plan Integral de Apoyo a la Familia y para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres se crea el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades.
De los beneficiarios de las medidas contempladas en el Plan, el 26% son jóvenes menores de 25 años; el 48% adultos; el 22% parados de larga duración; y el 4% minusválidos.
Por su parte, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, rechazaron tajantemente el documento. En su opinión, no pasa de ser «un cajón de sastre» en el que cabe todo y no resuelve «los problemas del mercado laboral». Es decir, no atiende la alta tasa de desempleo, los accidentes de trabajo, las desigualdades entre hombre/mujer, la rotación y en encadenamiento de contratos eventuales, la excesiva temporalidad, las diferencias entre las comunidades autónomas ni el bajo porcentaje de ocupación. Para UGT tampoco aporta suficientes recursos económicos no cuantifica la situación real del empleo ni concreta actuaciones y objetivos.
