Fuentes de la investigación del caso informaron ayer de que la empresa que presuntamente defraudó a unos 350 clientes para obtener nuevos contratos telefónicos habría cobrado unos 8 millones de euros por conseguir nuevos abonados. Al parecer, Auna pagó esta cifra a la empresa subcontratada para conseguir nuevos contratos.
La Guardia Civil ha imputado en total a 115 trabajadores que, para facturar más contratos, falsificaban firmas o engañaban a sus víctimas, normalmente de edad avanzada, para obtener nuevos contratos. En total, estos trabajadores habrían engañado a 352 clientes de 29 provincias españolas. En concreto, los estafados viven en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Aragón, Madrid, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.
El origen de la investigación, que comenzó en octubre del año pasado, se debe al importante número de reclamaciones que una organización de consumidores recibió contra Auna porque los usuarios no eran conscientes de haber contratado sus servicios. Asimismo, se presentó una denuncia por el mismo motivo ante el Juzgado de Guardia de Barcelona. Como respuesta, la compañía operadora interpuso una querella contra la empresa encargada de comercializar sus productos y conseguir contratos. Además, puso a disposición del juez un total de 851 contratos de preasignación telefónica.
De todos estos contratos, 352 se determinaron como irregulares, la mayoría pertenecientes a personas mayores. De los contratos fraudulentos, 166 habían sido falsificados con firmas falsas, mientras que otros 186 se tramitaron tras engañar a los usuarios, que accedían a firmarlos. Los empleados utilizaban un método bastante sencillo para engañar a sus víctimas. Les solicitaban alguna factura de la compañía telefónica con la que tuviera contrato y así disponían de todos los datos necesarios para cambiar de operadora.
Un portavoz de Ono, compañía que compró Auna en noviembre de 2005, recordó que la propia operadora telefónica «inició acciones penales contra la compañía que presuntamente cometió fraude». «Desde entonces, y cerrada la adquisición, Ono ha colaborado en todo momento en la acción de la Justicia», apuntó. La compañía confía en que «este caso suponga un paso adelante importante en la defensa de los derechos de los consumidores de España contra este tipo de casos», aseguró el portavoz.
