La Ley de Comunicaciones Electrónicas, que entra en vigor el 8 de noviembre, obliga a los usuarios de telefonía móvil con tarjeta prepago a facilitar los datos a su operadora mediante presencia física. Para ello dispondrán de dos años de plazo. De no cumplir esta norma, se quedarán sin línea.
Se estima que actualmente hay 20.458.068 números de telefonía móvil en prepago, lo que supone el 41,9% del total, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Muchos de estos usuarios ya están identificados porque suelen dar sus datos cuando se ponen en contacto con los servicios de información al cliente.
Cuando entre en funcionamiento la nueva ley, tendrán que dirigirse a un distribuidor para que registre nombre y apellidos, nacionalidad, documento de identificación (DNI o pasaporte) y en el caso de empresas, el número de identificación fiscal.
Promociones
Las operadoras aprovecharán esta normativa para instar a los clientes a pasarse a contrato, mediante promociones, por lo que se espera que se acelere esta tendencia que se observa en los últimos meses. Así, los datos de agosto de la CMT indicaban que el número de usuarios de prepago había disminuido un 2,5%, mientras el de contrato había subido un 9,6%.
Los datos de los clientes sólo serán utilizados en caso de que los pidan las autoridades, salvo que los usuarios den el consentimiento expreso a la operadora para poder utilizarlos para enviarles promociones y ofertas.
Con el fin de evitar tener que dar de baja a los usuarios que no se adapten a la ley en dos años, las compañías preparan ya campañas de información y diseñan fórmulas para hacer más fácil el trámite a sus clientes.
Es una de las directrices de la Ley de Comunicaciones Electrónicas que aprobó el pleno del Congreso y que entra en vigor el 8 de noviembre
Los nuevos clientes de prepago tendrán que dar sus datos cuando compren el móvil a partir del 8 de noviembre, y para ello deberán llevar un documento de identidad. Sus datos formarán parte de en un registro que los operadores cederán a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se lo soliciten.
Dificultades
Fuentes del sector de telecomunicaciones han visto dificultades para cumplir esta parte de la ley por el escaso margen de tiempo que disponen para ponerla en marcha. Según manifestaron, las operadoras, aunque se han ido preparando en los últimos meses, no podían tomar decisiones definitivas hasta que se aprobará la ley y esto se produjo hace pocos días. El proyecto de ley que presentó en marzo el Gobierno para trasponer la directiva 2006/24/CE de la Unión Europea sobre retención de datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas fue aprobado en el Senado con el apoyo de la oposición en 7 de octubre.
Esta ley fue aprobada en el marco internacional para luchar contra el terrorismo. Las operadoras tienen seis meses para preparar sus sistemas para el requerimiento exigido de guardar los datos de tráfico, aunque ya trabajan en este tema desde hace tiempo.
Cuando en febrero de 2006 se aprobó la norma comunitaria, el sector señaló que supondría un coste de unos 100 millones de euros la adaptación de esta medida, más el de mantenimiento de los sistemas, y pidió, sin éxito, que el Estado asumiera el coste o una parte del mismo.
