Opening English School realizó en Andalucía hasta trece contratos incluso después de suspender pagos el 29 de julio de 2002, según la directora general de Consumo de la Junta, Elia Maldonado, que compareció hoy como testigo en el juicio por el caso Opening que ha dado comienzo en Sevilla.
Para Maldonado, esto representa que lo ocurrido en las academias de inglés no es una cuestión fruto de la casualidad o de una mala gestión económica, sino que presuntamente puede tratarse de un delito de estafa, en el que se ha producido «casi un diseño de fraude».
En este sentido, afirmó que la Junta de Andalucía ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla para que inicie una investigación de tipo penal, por si se ha podido producir algún delito. «El papel de la Junta en el proceso busca la defensa de los intereses generales de los consumidores, porque tienen razón», añadió.
A puerta cerrada
El primer juicio por el caso Opening que tiene lugar en España comenzó esta mañana en el juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla «a puerta cerrada», por lo que sólo han podido acceder a la Sala los abogados y representantes legales de las tres asociaciones de consumidores demandantes -FACUA, Al-Andalus y UCA-UCE-, de Opening y de las entidades bancarias demandadas -Santander Central hispano, BBVA Finanzia, Pastor Servicios Financieros y Eurocrédito-. Los demandantes reclaman una sentencia que anule los contratos de los alumnos y, por tanto, que no tengan que seguir pagando los créditos, así como que se cancele su inscripción en registros de morosos, y como tercer punto piden la devolución de las cantidades abonadas por adelantado a la financiera.
«Se trata de una de las primeras veces en España en la que se ejercita una demanda colectiva para la cesación de la actividad, y en este sentido la sentencia que dimane de este proceso afectaría igualmente a todos los alumnos a nivel nacional que tuvieran contratado un curso a fecha de julio de 2002, siempre que no se encuentren inmersos en otros procesos judiciales abiertos por el mismo caso», explicó José Carlos Morón Rubio, abogado de las asociaciones de consumidores.
«No tienen razón»
Por su parte, el abogado César Sastre, que representa a Finanzia BBVA, manifestó que las asociaciones «no tienen razón» y que la demanda es «incongruente» al haber planteado una generalidad de supuestos -en alusión a los 45.000 alumnos en toda España de Opening-, cuando, a su juicio, «son casos particulares que no se pueden meter en el mismo cajón».
Por otro lado, Sastre rechazó la denuncia de FACUA respecto al incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas en su día por la jueza Carmen Pérez Guijo, que estipulaban la paralización del cobro de los créditos y la cancelación de la inscripción de los alumnos en registros de morosos.
En este sentido, dijo que la entidad bancaria, con anterioridad a la presentación de la demanda, dejó de incluir en los registros de impagados a los alumnos, al tiempo que explicó que se paralizó el cobro de forma «individualizada» porque «cada alumno debía acreditar que reunía los requisitos exigidos por la jueza para que les afectaran dichas medidas cautelares».
