Incendios forestales: quién apaga las consecuencias

Horta de Sant Joan, Collado Mediano, Paternáin, Sierra de la Culebra, El Paso… Aunque, en principio, estos lugares tienen muy poco en común, durante este verano han compartido un rasgo: todos ellos (y muchos otros) han sido escenario de incendios forestales de diversa magnitud. En los meses de julio y agosto, la virulencia de las llamas ha hecho estragos en pueblos, ciudades y provincias que han visto con impotencia cómo ardían los bienes privados y públicos. Este año, además, ha habido daños irreparables: víctimas mortales. En apenas dos meses, el fuego se ha cobrado la vida de 11 personas, ha arrasado más de 80.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 12.000 vecinos de sus lugares de residencia. En términos económicos, las pérdidas son multimillonarias.

Mientras unos expertos intentan evaluar el alcance y el coste de los daños materiales, otros hacen hincapié en las consecuencias a largo plazo, las más difíciles de calcular. Entre otras, el impacto ecológico que supone la calcinación de millones de árboles y arbustos. Para hacerse una idea aproximada: en las 80.000 hectáreas afectadas en estos meses caben más de 100.000 estadios de fútbol. Regenerar el paisaje arrasado puede tardar entre dos años y una década, como mínimo, según las especies vegetales que hubiera. Sin embargo, no es el único dato que preocupa a las autoridades y a la Administración. Hay otro aspecto que enciende las señales de alerta: las estadísticas indican que nueve de cada diez incendios son causados por el hombre. Ya sea de manera intencionada o por negligencia, el 90% de estos siniestros forestales tiene detrás a uno o más responsables. De ahí la gran cantidad de sucesos que se registra en un lapso tan breve.

Hace dos semanas, en un documento público, la asociación Ecologistas en Acción reflexionaba sobre la gran cantidad de personas que debieron ser evacuadas a raíz de estos incendios. Según sus datos, 12.000; la mitad en Madrid y en la isla de La Palma. En algunos casos -los más leves-, las evacuaciones duraron unas horas: el tiempo mínimo necesario para sofocar las llamas y garantizar la seguridad de los vecinos. Otros, en cambio, se prolongaron durante días, y las previsiones más desalentadoras hablan de desalojos que durarán meses. Quien haya perdido su casa o tenga un inmueble inhabitable tardará más en volver.

Cuando la peligrosidad de los incendios o su cercanía a las zonas residenciales obliga a evacuar a los vecinos, es el ayuntamiento quien se encarga de gestionar y resolver su realojo temporal, a menos que las personas afectadas cuenten con familiares o una segunda residencia y prefieran utilizar ese recurso. Si no es así, los lugares más habituales son hoteles locales, centros cívicos y polideportivos, dependiendo de la duración de la estancia y de los recursos económicos con los que cuente el municipio.

Quizá un consistorio modesto no tenga la posibilidad de pagar el alojamiento de un número elevado de personas durante un largo periodo, pero sí tiene la obligación de trasladarlas a un lugar seguro y darles cobijo. Incluso si el siniestro excede las posibilidades y las competencias municipales, será la Administración quien se encargue de velar por los damnificados. Así lo establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, un acuerdo del Consejo de Ministros que se aprobó en 1993 y que todavía hoy sigue en vigor. Según este documento, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos municipales, autonómicos y estatales ante una situación de este tipo, el primer bien que se debe proteger es la vida y la seguridad de las personas. Por eso, tras la evacuación de los afectados, las autoridades locales o de la comunidad autónoma se afanan en conseguir alojamiento. Otra cosa es que los ciudadanos prefieran resolverlo por su cuenta.

Más allá de la asistencia municipal, hay personas que cuentan con recursos propios para hacer frente a la salida forzosa de su hogar. Algunas disponen de una segunda residencia. Otras tienen familiares o amigos cercanos con espacio suficiente en su casa como para ofrecerles cobijo. Y también hay quienes tienen contratado un seguro contra incendios o uno para el hogar que contempla el supuesto de “inhabitabilidad de la vivienda”, es decir, por una causa de fuerza mayor (en este caso, el fuego), el propietario no pueda quedarse en casa. Si es así, el seguro le cubrirá un alojamiento temporal en un hotel, pensión o apartamento, siempre que la estancia sea inferior a tres meses. O menos.

El alcance de la cobertura del seguro contra incendios -tanto en el realojamiento provisorio como en todo lo demás- dependerá de la compañía y de lo que haya contratado el cliente. Como señalan desde la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), no hay un único modelo. No obstante, pese a la variedad de fórmulas y firmas, la dinámica es la misma para todas: las aseguradoras cubrirán lo que el cliente quiera y esté dispuesto a pagar. Claro que cuanto mayor sea la cobertura, más cara será la prima. Cuando se hace un seguro contra incendios se tiene en cuenta el valor de la vivienda descontando el valor del suelo, ya que este último, aunque se queme, no desaparece. El cálculo de la prima se hace en función de lo que costaría levantar la casa desde cero.

Para las empresas de seguros, el inmueble es el “continente” y los objetos son el “contenido”. El cliente tiene la opción de asegurar uno de ellos o los dos. En este supuesto, el seguro cubrirá todo lo que el propietario haya declarado en el momento de contratar la póliza. El libre mercado hace posible que existan distintos planes y precios; por ello, es fundamental pedir presupuesto a varias empresas y no quedarse con la primera opción. De todos modos, las primas serán parecidas, ya que las tablas de costes se hacen en función de los riesgos, y estos no dependen de la compañía sino del inmueble. En concreto, de la probabilidad que tiene esa vivienda de sufrir un siniestro.

Entonces, ¿es posible asegurarlo todo? Desde Unespa responden que sí, pero matizan que, tras un incendio, la casa nunca será la misma, ya que algunos objetos y recuerdos no se podrán reponer. Al margen de estos objetos y de las particularidades de cada póliza, la Asociación Empresarial del Seguro destaca dos aspectos fundamentales. El primero recuerda que el objetivo de cualquier firma es pagar al asegurado lo antes posible, ya que cuesta más dinero tener el expediente abierto que abonar con celeridad a un cliente la cantidad que le corresponde.

El segundo punto destaca que, más allá del pago al asegurado, la compañía siempre intentará buscar a los responsables. Si el 90% de los incendios forestales tiene su origen en el factor humano, las empresas de seguros harán todo lo posible por encontrar al culpable y cobrar el dinero. No importa si el fuego se produce por una negligencia o es consecuencia del acto intencionado de un pirómano: las aseguradoras harán lo que esté en su mano para que pague quien haya causado el siniestro, ya sea con su dinero o sus bienes.

La búsqueda de culpables no es sólo cosa de las compañías de seguros. La propia comunidad afectada, la Justicia y la Policía también se suman a la pesquisa, ya que este tipo de siniestros toca todas las fibras sensibles: propiedades, patrimonios, vidas humanas, afecto y dinero. Las causas naturales -como el rayo que cayó en Horta de Sant Joan, Tarragona- son las menos. Por ello se suele buscar personas, ya sean pirómanos, especuladores o negligentes en el manejo del fuego. El primer impulso es apuntar a quien enciende la cerilla o el mechero.

Sin embargo, la ONG Ecologistas en Acción hace una lectura más compleja y, en la lista de responsables, pone en primer lugar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Como explica Theo Oberhuber, responsable de campaña de la asociación, una de las principales causas de los incendios forestales es la intrusión urbanística: se han edificado viviendas en medio del bosque, donde sólo debería haber árboles. En esta línea, los gobiernos regionales son responsables de los siniestros, porque aprueban planes urbanísticos intrusivos propuestos por los ayuntamientos. Dicho de otra manera, las administraciones deberían elaborar planes para evitar la edificación de casas y pequeños núcleos aislados en el monte.

Los ayuntamientos que están en zona de riesgo tienen la obligación de hacer planes de emergencia para saber cómo actuar ante una situación así, pero el 70% no los ha hecho. Del mismo modo, las personas deberían informarse de los riesgos que corren al vivir en determinados lugares y tener un plan de autoprotección. Toda urbanización en el monte es un posible foco de incendio, ya que muchos de los siniestros se originan con una barbacoa, unos petardos o una quema de hojas secas. Además, muchas de estas casas dependen de un único camino de acceso y si éste se corta, los vecinos quedan atrapados. También hay quien se resiste a marchar porque esa casa es lo único que tienen.