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Incendios forestales: quién apaga las consecuencias

Ayuntamientos, gobiernos autonómicos y aseguradoras cubren los gastos, excepto si se encuentra al responsable del siniestro

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 1 septiembre de 2009

Columnas de humo, llamas descontroladas, bosques de ceniza y rostros desencajados componen una de las imágenes más habituales estos días en los periódicos y la televisión. La postal del verano es el fuego. No obstante, al ver estas escenas y escuchar los testimonios de los afectados, surgen otras preguntas. Entre ellas, qué sucede el día después. ¿Quién asiste a los damnificados? ¿Qué ocurre con quienes lo han perdido todo? ¿En quién recae la responsabilidad? En definitiva, ¿quién se encarga de apagar las consecuencias de los incendios forestales?

Pérdidas multimillonarias

/imgs/2009/08/incendio-forestal2.art.jpgHorta de Sant Joan, Collado Mediano, Paternáin, Sierra de la Culebra, El Paso… Aunque, en principio, estos lugares tienen muy poco en común, durante este verano han compartido un rasgo: todos ellos (y muchos otros) han sido escenario de incendios forestales de diversa magnitud. En los meses de julio y agosto, la virulencia de las llamas ha hecho estragos en pueblos, ciudades y provincias que han visto con impotencia cómo ardían los bienes privados y públicos. Este año, además, ha habido daños irreparables: víctimas mortales. En apenas dos meses, el fuego se ha cobrado la vida de 11 personas, ha arrasado más de 80.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 12.000 vecinos de sus lugares de residencia. En términos económicos, las pérdidas son multimillonarias.

Mientras unos expertos intentan evaluar el alcance y el coste de los daños materiales, otros hacen hincapié en las consecuencias a largo plazo, las más difíciles de calcular. Entre otras, el impacto ecológico que supone la calcinación de millones de árboles y arbustos. Para hacerse una idea aproximada: en las 80.000 hectáreas afectadas en estos meses caben más de 100.000 estadios de fútbol. Regenerar el paisaje arrasado puede tardar entre dos años y una década, como mínimo, según las especies vegetales que hubiera. Sin embargo, no es el único dato que preocupa a las autoridades y a la Administración. Hay otro aspecto que enciende las señales de alerta: las estadísticas indican que nueve de cada diez incendios son causados por el hombre. Ya sea de manera intencionada o por negligencia, el 90% de estos siniestros forestales tiene detrás a uno o más responsables. De ahí la gran cantidad de sucesos que se registra en un lapso tan breve.

Evacuaciones y realojamientos

Hace dos semanas, en un documento público, la asociación Ecologistas en Acción reflexionaba sobre la gran cantidad de personas que debieron ser evacuadas a raíz de estos incendios. Según sus datos, 12.000; la mitad en Madrid y en la isla de La Palma. En algunos casos -los más leves-, las evacuaciones duraron unas horas: el tiempo mínimo necesario para sofocar las llamas y garantizar la seguridad de los vecinos. Otros, en cambio, se prolongaron durante días, y las previsiones más desalentadoras hablan de desalojos que durarán meses. Quien haya perdido su casa o tenga un inmueble inhabitable tardará más en volver.

Cuando la peligrosidad de los incendios obliga a evacuar a los vecinos, es el ayuntamiento quien se encarga de gestionar y resolver su realojo

Cuando la peligrosidad de los incendios o su cercanía a las zonas residenciales obliga a evacuar a los vecinos, es el ayuntamiento quien se encarga de gestionar y resolver su realojo temporal, a menos que las personas afectadas cuenten con familiares o una segunda residencia y prefieran utilizar ese recurso. Si no es así, los lugares más habituales son hoteles locales, centros cívicos y polideportivos, dependiendo de la duración de la estancia y de los recursos económicos con los que cuente el municipio.

Quizá un consistorio modesto no tenga la posibilidad de pagar el alojamiento de un número elevado de personas durante un largo periodo, pero sí tiene la obligación de trasladarlas a un lugar seguro y darles cobijo. Incluso si el siniestro excede las posibilidades y las competencias municipales, será la Administración quien se encargue de velar por los damnificados. Así lo establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, un acuerdo del Consejo de Ministros que se aprobó en 1993 y que todavía hoy sigue en vigor. Según este documento, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos municipales, autonómicos y estatales ante una situación de este tipo, el primer bien que se debe proteger es la vida y la seguridad de las personas. Por eso, tras la evacuación de los afectados, las autoridades locales o de la comunidad autónoma se afanan en conseguir alojamiento. Otra cosa es que los ciudadanos prefieran resolverlo por su cuenta.

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