La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo detectaron el año pasado contratos temporales fraudulentos en la mitad de las empresas que investigaron dentro de una operación especial, que afectó a 5.500 firmas y que terminó con la apertura de actas a las compañías infractoras por valor de 1,21 millones de euros (201,6 millones de pesetas), según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo.
La operación, en la que se contó con el apoyo del Instituto Nacional del Empleo (INEM), perseguía detectar los contratos temporales irregulares que encubrían, con prórrogas y renovaciones, relaciones laborales de tipo indefinido, con el consiguiente perjuicio y precariedad para los asalariados.
Los inspectores, que estudiaron 13.238 contratos, detectaron 2.672 infracciones y su descubrimiento permitió convertir en contratos indefinidos la relación laboral de 3.973 empleados temporales. Las visitas se realizaron en un conjunto de empresas previamente seleccionadas, «cuyo comportamiento a la hora de contratar hacía presumir la existencia de una infracción».
Se vigiló principalmente la práctica de encadenamiento de contratos temporales realizados sucesivamente a un mismo trabajador para una misma ocupación y en un período inferior a dos años, así como el uso excesivo de la prórroga de contratos eventuales.
Estas prácticas, según el Ministerio de Trabajo, constituyen un indicio de uso fraudulento del contrato temporal y pueden dar lugar a una infracción grave en materia laboral, contemplada en la ley de Infracciones y Sanciones Laborales.
La actuación inspectora implicó el examen de los contratos y sus características, el análisis del puesto de trabajo, las funciones que lleva a cabo el trabajador, así como la comprobación de la causa alegada a la hora de elegir la modalidad contractual.
