El hecho de notificar las multas de estacionamiento a través de un boletín oficial viola los derechos constitucionales a la defensa y a ser informado de la acusación, según se desprende de una reciente resolución del Tribunal Constitucional. Consecuentemente con esta argumentación, el Alto Tribunal anuló las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid contra el vehículo propiedad de una empresa, a la que intentó embargar por impago.
La sentencia vendría a confirmar que la notificación generalizada de las multas a través de la publicación en los periódicos oficiales provoca una evidente situación de indefensión en el ciudadano, según explicó Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Esta organización estima que existen en la recaudación ejecutiva madrileña más de 400.000 expedientes sancionadores, por valor de 36 millones de euros, que podría haber sido comunicados a través del boletín oficial. «Esperemos que el Ayuntamiento acepte por fin las reiteradas peticiones para que se revisen y cancelen los expedientes mal tramitados», afirmó Arnaldo tras conocer la sentencia.
