El Congreso aprueba la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación

Esta normativa supondrá la reducción en torno al 3% de los niveles de polución atmosférica de España
Por EROSKI Consumer 14 de junio de 2002

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), que se traducirá en los próximos cinco años en una reducción del 10% de las actividades industriales contaminantes, lo que conllevará la reducción en torno al 3% de los niveles de polución atmosférica de España, según el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.

El objetivo de la nueva normativa es prevenir, reducir y controlar de forma integrada la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo. Aunque el sector que más influye en la contaminación atmosférica es el del transporte, los sectores agroalimentario, químico, el de industrias minerales y el de producción y transformación de metales no se quedan atrás. Por eso, serán los sectores más afectados por la nueva normativa, a los que se les imponen una serie de condiciones ambientales que tendrán que cumplir si no quieren enfrentarse a sanciones que van desde los 200.000 euros hasta los dos millones de euros, e incluso la clausura temporal o definitiva de las instalaciones.

Falta de inversiones

Precisamente, la falta de inversiones destinadas a la innovación tecnológica fue uno de los puntos más criticados de la IPPC. Sin embargo, el Gobierno dijo que se han articulado ayudas a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que existen bonificaciones fiscales para las empresas que pongan a punto sus instalaciones.

No en vano, los aproximadamente 4.000 centros productivos afectados tendrán hasta 2007 para adaptar sus instalaciones y sistemas de producción a las nuevas condiciones. Para coordinar los permisos necesarios y controles ambientales se crea la autorización ambiental integrada, una «ventanilla única» ambiental en cada comunidad. Esta autorización se concederá por un plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada. En ella deberá constar la carga máxima de contaminación que puede emitirse. De esta forma se calcula que se dejarían de emitir a la atmósfera 12 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), más lo que se deje de filtrar al agua y al suelo.

Una norma que, según destacó el ministro de Medio Ambiente, permitirá a España luchar contra el cambio climático y cumplir el compromiso de reducción de emisiones recogido en el Protocolo de Kioto. En este momento, España se sitúa un 18% por encima de su objetivo, que le permitía aumentar sus emisiones en un 15% sobre los niveles de 1990 para los años 2008-2012. Esto significa que desde 1990 han aumentado las emisiones de gases contaminantes en un 33%.

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