La Comisión Ballenera Internacional (CBI) comenzó ayer sus sesiones en el puerto japonés de Shimonoseki, el más importante de la flota ballenera nipona, con la presencia de más de cuarenta delegaciones, a las que Tokio intentará convencer de la pertinencia de reanudar la caza comercial de este mamífero. Organizaciones ecologistas como Greenpeace, que ayer se manifestó a la entrada de la sede de la cumbre, han advertido de que Japón está comprando los votos de países en vías de desarrollo para lograr sus objetivos.
En su discurso de apertura, el ministro de Agricultura y Pesca japonés, Tsutomu Takebe, reiteró el que ha venido siendo el argumento recurrente de su Gobierno para apoyar la reanudación de la caza comercial: «gracias a la moratoria internacional, las reservas de ballenas son abundantes» y puede restablecerse la caza sostenible. Japón, respaldado por Noruega, va más lejos, y asegura que el nivel de recuperación de las ballenas ha sido tan rápido que incluso amenazan a otras especies y a la industria pesquera. Estos argumentos son frontalmente rechazados por los países favorables a la moratoria y por los grupos conservacionistas. Insisten los ecologistas en la falta de evidencias científicas que prueben la propaganda japonesa, a la que acusan de falsear informaciones y difundir datos sesgados sobre el nivel actual de las poblaciones de cetáceos, muy por debajo de los interesados cálculos de Japón. Y niegan todo crédito a las teorías sobre una captura selectiva y respetuosa con los límites de regeneración de la especie.
A 250 euros el kilo
Desde hace quince años, los mismos que lleva vigente la moratoria internacional, Japón y Noruega han violado el veto impuesto. El país oriental, con el subterfugio de una caza por razones pseudocientíficas. En realidad, gracias a esa argucia legal tolerada por la CBI, cientos de ejemplares de rorcual aliblanco o ballenas minke son cazados cada año (440 en la anterior campaña) en el santuario ballenero antártico para la venta de carne -a precios de 250 euros/kg.- a pesar de que, según afirman los ecologistas, su consumo ha retrocedido notablemente en el archipiélago. «Los resultados del programa de caza científica de Japón puede verse en restaurantes y mercados», denunciaba ayer Greenpeace. El caso de Noruega, un país que hace bandera de la causa medioambiental, es similar.
El levantamiento de la moratoria necesita una mayoría de dos tercios de votos en la Comisión, y por el momento no parece que Japón cuente con tantos apoyos a pesar, incluso, de la adhesión de nuevos miembros que le son favorables, como Benín o Gabón. De hecho, ayer fueron rechazadas dos de las iniciativas clave de Tokio, la introducción del secreto del voto en las cuestiones más importantes y la readmisión como miembro de Islandia. Este último extremo habría sido muy beneficioso para los planes de Tokio, al ser también Islandia favorable al final de la moratoria.
Inviabilidad y extinción
El presidente de la Sociedad Española de Cetáceos (SEC), Ricardo Sagarminaga, aseguró ayer que las peticiones de Japón ante la Comisión Ballenera Internacional para que se le permita cazar diferentes especies de cetáceos supondría la inviabilidad y la extinción de muchas de ellas.
Sagarminaga declaró que si se permite cazar ballena blanca, ballena franca, rorcual azul o determinadas poblaciones de cachalotes puede que éstas nunca se recuperen. Estas especies se reproducen cada tres o cuatro años y el impacto de la caza provocaría que estas ballenas precisen de más de una década sin caza para sobreponerse.
El peligro de permitir la caza, según el presidente de la SEC, es que no hay ningún control de lo que se está cazando y se pueden estar matando especies no permitidas, pero como nadie hace controles en aduanas ni en mercados «¿quién distingue si es un rorcual azul o un aliblanco?».
El responsable de la SEC apuntó que la única especie que podría soportar su caza sin llegar a peligrar es el rorcual aliblanco, pero insistió en que si se permite su captura no habrá controles para saber si es esta especie u otra la que se consume.
A la caza se añade el problema de la contaminación de los océanos que va en detrimento de la viabilidad de las poblaciones. Además, la muerte de estos ejemplares afecta a la cadena alimenticia, ya que los cetáceos actúan como reguladores de cefalópodos y si éstos aumentan en número pondrán en peligro a otras especies.
