El borrador de la modificación de la ley de Envases y Residuos de Envases de 1997 complementará aspectos relativos a la gestión, la financiación, la información y el control de los mismos con el objetivo de minimizar los efectos negativos que estos producen en el medio ambiente.
Asimismo, la nueva ley sancionará hasta con 600.000 euros la puesta en el mercado nacional de envases con una concentración de metales pesados (plomo, cadmio, mercurio y cadmio hexavalente) superiores a 100 ppm (partes por millón) en peso. Perturbar gravemente la protección del medio ambiente, la salud e higiene públicas o la seguridad de los consumidores también puede conllevar esta multa.
La futura normativa, que se ha debatido durante el último año y medio, sigue una línea continuista con la de 1997, que transponía una directiva de la Unión Europea. No realiza cambios de raíz, pero sí algunas transformaciones para dar mayor eficacia a su predecesora. «Se trata de aprovechar la experiencia adquirida en la aplicación de la ley anterior, completarla y atender ciertas demandas», aseguró el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre.
