La Federación de Autoescuelas de Barcelona (FAB) ha pedido que se reabran los 47 centros catalanes implicados presuntamente en una red de fraude en los exámenes de conducir al considerar que «el cierre indefinido es incompatible con la presunción de inocencia». Según la FAB, el cierre comportará «un juicio moral, empresarial y económico a estas autoescuelas», y perjudicará «a trabajadores y alumnos».
En lo que respecta a las autoescuelas de Barcelona implicadas, un total de 41, la FAB recuerda que se les imputan cargos de «soborno y revelación de secretos». Para cometer estos delitos, según la Federación, las autoescuelas imputadas deberían haberse puesto en contacto con algún funcionario de la Dirección General de Tráfico (DGT), cosa que «han negado taxativamente».
Estos centros han aceptado el hecho de que adquirieron un programa informático de tests a una empresa de Valencia, que parecía «seria» y que «vendía este material a las autoescuelas de toda España con conocimiento de la DGT y con facturas oficiales».
Las autoescuelas de Barcelona que adquirieron este material didáctico «no tenían ningún motivo para sospechar que la empresa que lo comercializaba presentara cualquier actividad ilegal», añade la FAB.
Para esta organización es necesario que el Gobierno «se replantee el arcaico sistema de exámenes teóricos, que impide un correcto control» por parte de las administraciones.
