La Guardia Civil clausura más de cien autoescuelas por fraude en los exámenes de conducir

Tráfico espera poder obligar a los alrededor de 12.000 conductores que consiguieron el carné ilegalmente a volver a examinarse
Por EROSKI Consumer 29 de abril de 2005

La Guardia Civil ha clausurado 103 autoescuelas de 19 provincias españolas y ha detenido a 84 personas en relación con una red que podría haber puesto en circulación unos 12.000 permisos de conducir fraudulentos, tras facilitar a los aspirantes las respuestas de los exámenes teóricos a través de sus teléfonos móviles.

La mayoría de los involucrados en el fraude son los dueños de los establecimientos y formaban una red dedicada a facilitar las respuestas y los ejercicios para la obtención de los permisos de conducir en todas sus categorías, incluyendo los que habilitan la conducción de vehículos dedicados al transporte de materias peligrosas.

La operación se inició el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil detectó en Ceuta una serie de irregularidades en los exámenes teóricos de conducir. Posteriormente se pudo averiguar que los alumnos obtenían las respuestas de los exámenes mediante el empleo del teléfono móvil. Los aspirantes recibían un número determinado de toques en función de las respuestas correctas a partir de un código pactado con anterioridad.

El fraude podría haberse cometido, además de en Ceuta, en otras 18 provincias: Sevilla, Valencia, Alicante, Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Gerona, Barcelona, Orense, Pontevedra, León, Cantabria, Madrid, Ciudad Real, Soria, Albacete y La Rioja.

Los dueños y empleados de las autoescuelas implicadas facilitaban las respuestas tras el pago de cantidades de dinero, que oscilaban entre 1.200 y 3.000 euros, dependiendo de la importancia del permiso o licencia a obtener.

Perfectamente organizada

La organización estaba perfectamente jerarquizada y compuesta por cabecillas, captadores, intermediarios y clientes. Los primeros eran los que conseguían los ejercicios originales y las plantillas de los exámenes.

El opositor, una vez en el interior del aula, y al ver el examen teórico que le correspondía, contactaba con la organización para que le facilitase las respuestas, identificando el test con uno de los números de referencia del examen. Posteriormente y con el aparato en modo «silencio y en vibración», el aspirante comenzaba a recibir una serie de llamadas sucesivas, y con éstas iba identificando las respuestas en función de las vibraciones.

La Dirección General de Tráfico (DGT) esperará a que culmine la investigación para, con una sentencia judicial firme en la mano, comprobar si puede exigir a los 12.000 conductores que consiguieron el carné fraudulentamente que vuelvan a examinarse, según ha informado el responsable de este organismo, Pere Navarro.

«Faltará por ver si, a lo largo de las investigaciones, la Guardia Civil obtiene la lista de los conductores» implicados, ha dicho Navarro, que ha dado instrucciones a todas las jefaturas provinciales de Tráfico para que no rechacen a los alumnos que provengan de alguna de las autoescuelas clausuradas.

Condena de la CNAE

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha condenado «con rotundidad» los hechos y ha recordado que con anterioridad había denunciado ante la Administración este tipo de prácticas fraudulentas.

Precisamente para evitar estos delitos «que en nada favorecen a la seguridad vial en España», la DGT ha decidido informatizar la prueba teórica del carné de conducir, ha apuntado la CNAE, que «apoya cualquier iniciativa cuya finalidad sea acabar por completo con este tipo de corruptelas que tanto perjudican a la sociedad española».

Por su parte, la Federación de Autoescuelas de Barcelona, provincia en la que hay 41 establecimientos implicados, ha afirmado que desconocía «completamente» el fraude en los exámenes, y se ha ofrecido a colaborar en las diligencias judiciales «para aclarar los hechos y mantener el prestigio y la honorabilidad de que siempre han disfrutado las autoescuelas asociadas a la Federación».

Asimismo, ha asegurado que perseguiría «cualquier tipo de irregularidad que pusiera en peligro la seguridad vial del país, por delante de cualquier interés individual», y ha recordado que siempre ha velado por los intereses de sus asociados con el objetivo común de reducir los accidentes de tráfico.

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