La recaudación en concepto de impuestos que gravan la adquisición de automóviles (turismos y todoterrenos) ascendió el pasado año a 4.311,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,6% en relación con los 3.828 millones de euros recaudados en 2003, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
Por tipo de gravamen, el IVA generó para las arcas del Estado un total de 3.096,8 millones de euros durante 2004, cifra que representa un aumento del 14,4% en comparación con los 2.707 millones contabilizados en el ejercicio precedente.
De su lado, el Impuesto de Matriculación, competencia de las comunidades autónomas, aportó a estas administraciones 1.214,3 millones de euros en 2004, con un crecimiento del 8,3% respecto al año anterior.
La cifra de recaudación correspondiente al Impuesto de Matriculación no incluye los 264,15 millones de euros que los automovilistas se dedujeron de este gravamen en las 410.000 operaciones que se acogieron al Plan Prever para turismos nuevos en el año recién concluido.
El crecimiento en la recaudación fiscal sobre la adquisición de automóviles se debe principalmente al incremento de las matriculaciones de turismos (9,8%) y todoterrenos (18,9%) registrado en 2004, ejercicio en el que el mercado marcó un nuevo récord histórico con 1,51 millones de turismos y 98.662 todoterrenos vendidos. Anfac, en su reciente informe «Panorama y perspectivas de la industria del automóvil», advertía de que la carga fiscal que soporta el automóvil en España excede los costes externos que genera el sector y supone un obstáculo para el desarrollo del mercado y la competitividad. Los impuestos sobre la automoción ascendieron a 21.000 millones de euros en 2003.
Por ello, Anfac subraya que «teniendo en cuenta que la armonización fiscal en el seno de la Unión Europea (UE) va a ser difícil de alcanzar a medio plazo, la política fiscal española sobre los vehículos a motor supone un factor clave para la competitividad de la industria instalada en su territorio». En este sentido, argumenta que en comparación con los otros cuatro grandes países productores de la UE (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), la situación en España es «marcadamente desfavorable para el potencial adquiriente de vehículos».
Así, en nuestro país el coste fiscal de la compra de un vehículo se sitúa entre el 23% y el 28% sobre el precio, dependiendo de la cilindrada y del carburante, lo que supone una diferencia desfavorable de entre el 5% y el 10% respecto a los principales fabricantes europeos.
