El uso de las sillas infantiles en los asientos traseros no es obligatorio en España. La última reforma de la Ley de Tráfico ha sido una oportunidad perdida para avanzar en este aspecto. Pero más importante que la plasmación legal es la concienciación de los conductores. El cinturón de seguridad en ningún caso protege con efectividad a los más pequeños.
España ocupa uno de los últimos lugares de Europa en cuanto a ventas de sillas infantiles para el automóvil, denominadas SRI, sistemas de retención infantil y los primeros en cuanto a mortalidad infantil en accidentes de tráfico, solo superada por Portugal, Luxemburgo, Grecia y Francia.
El precio no es una excusa ya que cuestan desde 60 a 350 euros (diez mil a 55.000 pesetas y su seguridad está fuera de toda duda, ya que los fabricantes están obligados a homologar sus sillas infantiles de acuerdo a una exigente normativa.
Las sillas están adaptadas a un determinado peso y talla y se clasifican en cuatro grupos: el grupo 0, de 0 a 10 kilos (aproximadamente para niños de 0 a 9 meses), el grupo 1, de 9 a 18 kilos (de 9 meses a 3 años), de 15 a 25 kilos (3 a 6 años) y de 22 a 36 kilos (de 6 a 12 años aproximadamente).
La razón de proteger especialmente a los niños es que en un accidente ellos son los que sufren las heridas más graves. Un bebe de diez kilos, en los milisegundos que dura un impacto frontal a 50 kilómetros por hora, llegará a pesar 320 kilos, impactando con esta fuerza contra los asientos o el salpicadero del coche o, peor, saliendo despedido a través del parabrisas. A esto hay que sumarle la menor resistencia de un cuerpo en formación como el del niño, que sufre lesiones graves en golpes que para un adulto no llegarían a ser preocupantes.
Las cifras son patentes. 81 menores de 12 años han muerto en la carretera durante el año 2000 y cuatro de cada cinco se podrían haber evitado con una adecuada protección. No es una obligación legal, pero si una gran responsabilidad.
