La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador al Instituto de Reproducción Asistida Cefer tras tener constancia de que la clínica incurrió en diversas faltas administrativas al conseguir cuatro embarazos mediante fecundación in vitro con óvulos congelados. Así lo hizo público ayer el director general de recursos sanitarios de la Generalitat, Eugeni Sedano.
El expediente representa la continuación del abierto el pasado mayo, tras el anuncio de Cefer de haber logrado embarazos mediante óvulos congelados. La medida de la Generalitat responde al nacimiento del primer bebé en España utilizando esta técnica.
Sedano advirtió que Cefer cometió tres faltas administrativas por las que podría ser sancionada. La principal acusación es que la clínica aplicó esta técnica sin tener la autorización, necesaria e imprescindible según la legislación española.
El Instituto Cefer realizó la mencionada petición a la Comisión Nacional después de que la Generalitat fuera informada el pasado mes de mayo de la realización de estos ensayos clínicos. Sedano informó que la clínica aún no está autorizada a aplicar está técnica al no haber recibido autorización alguna por parte de la Comisión Nacional. Esta falta, la más grave, está sancionada con multas de entre 15.000 y 600.000 euros.
Sedano añadió que hay indicios de otras dos faltas administrativas. La primera responde al hecho de que Cefer iniciara la técnica de criopreservación de ovocitos con fines reproductivos sin tener tampoco antes la autorización del comité ético de Investigación de la clínica Teknon, a la que pertenece.
Modificaciones en la ley
La tercera falta sería el incumplimiento del requerimiento de la Generalitat según el cual el Instituto Cefer no podía divulgar en los medios de comunicación que estaba experimentado con esta técnica. Sedano explicó que durante los dos primeros años la difusión de esta técnica experimental tan sólo debía aparecer en congresos científicos.
Estas dos últimas faltas, consideradas como graves, están sancionadas con multas de entre 3.000 y 15.000 euros.
La directora general de Alta Inspección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud, Ana María Sánchez, aseguró que Sanidad podría modificar la Ley de Reproducción Humana Asistida, que prohíbe la utilización de óvulos congelados con fines de reproducción, si así se lo pide la Comisión Nacional en esta materia. No obstante, afirmó que el Instituto Cefer infringió la actual normativa sobre reproducción asistida.
Sánchez aclaró también que en estos momentos lo único que está permitido «es la investigación con óvulos congelados» y no la utilización de ovocitos congelados con fines de reproducción.
