Casi un millón de españoles son pacientes anticoagulados

Las asociaciones que representan a estos pacientes reclaman poder realizar su propio control, como los diabéticos
Por EROSKI Consumer 20 de noviembre de 2009

Los pacientes anticoagulados españoles, casi un millón, han celebrado el Día Nacional del Anticoagulado con el fin de dar a conocer los problemas que les afectan, las dificultades que encuentran quienes quieren optar por el autocontrol, poner de manifiesto la importancia del asociacionismo para promover la educación sanitaria entre los afectados y familiares e instar a las instituciones del Estado y autonómicas a abrir un debate con los afectados antes de poner en marcha cualquier medida, a fin de racionalizar los recursos a ellos destinados.

Así resumió sus objetivos la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Anticoagulados (FEASAN), que entre sus reivindicaciones señaló la necesidad de que los pacientes anticoagulados puedan tener la opción de realizar su autocontrol, como hace el diabético. También reclaman la prestación gratuita del coagulómetro y las tiras reactivas necesarias para medir la coagulación. «Un hecho de suma importancia, ya que cada paciente debidamente entrenado y formado podría llevar un control más frecuente de su enfermedad y evitar así situaciones de riesgo», apuntó la organización.

Además, se reclama el derecho de ser escuchados por los organismos competentes antes de llevar a cabo cualquier plan relacionado con los pacientes anticoagulados.

El paciente anticoagulado es una persona a la que se le altera la coagulación de la sangre por efecto de un medicamento, sea Sintrom o Aldocumar. El médico especialista, generalmente el cardiólogo -el 90% del colectivo son pacientes cardiópatas, según indicó FEASAN- decide alterar la coagulación de la sangre de ese paciente, bien porque ya ha sufrido una trombosis o una embolia, o bien porque el riesgo de sufrirlas es muy alto y sus secuelas suponen un elevado coste tanto económico como social.

Entre los problemas más urgentes a los que se enfrenta este colectivo destacan la carencia de criterios homologados para la realización de los controles, la carencia de atención domiciliaria para los enfermos encamados o discapacitados, la deficiente formación en este tema o la «falta de equidad en los recurso, no sólo en las diferentes comunidades autónomas, sino con respecto a otros colectivos como los diabéticos».

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