La Guardia Civil detuvo en Madrid, Barcelona, Málaga y Vizcaya a 15 personas -14 médicos y un farmacéutico- en relación con la venta de adelgazantes ilegales, tras recibir más de 200 denuncias y 3.000 llamadas de afectados, en una operación desencadenada el pasado jueves y que continúa abierta.
La Guardia Civil y la secretaria general de la Sociedad española de Endocrinologia y Nutrición, Susana Monereo, informaron hoy de los detalles de la «Operación Fórmula», en la que han sido registradas 15 clínicas y consultas de adelgazamiento y estética de Madrid, Valdemoro, Fuenlabrada, Leganés y Durango (Vizcaya) y tres farmacias de Barcelona y Málaga, donde se elaboraban los comprimidos.
En los primeros seis meses de este año, los implicados en el fraude habrían podido obtener unas ganancias superiores a los 600.000 euros presuntamente por prescribir fórmulas magistrales con adelgazantes ilegales, según la Guardia Civil.
Por su parte, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Guillermo Sierra, rechazó ayer la forma en que actuaron las Fuerzas de Seguridad en estas detenciones. «Nos sorprende la forma en que la operación se ha llevado a la práctica; entrar en unos despachos de unos ciudadanos (médicos) que no pretenden huir de la justicia, nos recuerda a procedimientos de otras épocas, que nos preocupan», señaló Sierra, y añadió que «en un Estado democrático, todo ciudadano debe ser escuchado antes de ser condenado».
No obstante, el presidente de la OMC recordó que los médicos, además de obligaciones sociales, tienen obligaciones éticas, «y todo aquel que altere la ética y se base en el engaño al ciudadano y busque el enriquecimiento personal, y no la asistencia sanitaria, es criticable». «Si se comprueba que estas personas -dijo en alusión a los médicos detenidos y luego puestos en libertad- actúan con fines lucrativos y usan fórmulas no registradas y sin los requisitos legales, esto no se puede consentir».
La Asociación de Médicos Formulistas se sumó a las críticas por la actuación de la Guardia Civil. El coordinador de esta asociación, Carlos Rubio Sáez, dijo que en las diligencias efectuadas por las Fuerzas de Seguridad quedó «patente además de su desconocimiento de toda la legislación sobre fórmulas magistrales, la ausencia de respeto a la presunción de inocencia de los médicos». En este sentido, esta Asociación criticó que las directrices de la Comunidad de Madrid en cuanto a formulación magistral «son al día de hoy poco claras, cada vez más restrictivas, limitan el derecho de libre prescripción médica y ocasionan alarma social innecesaria».
