La ministra de Sanidad, Ana Pastor, inició ayer con buen pie el trámite de la reforma de la Ley de Reproducción Humana Asistida. Consiguió que sólo IU diera su voto a la enmienda a la totalidad socialista, que, en síntesis, no pone límites al número de ovocitos y embriones que se pueden transferir y fecundar por ciclo, y da más oportunidades a la investigación al no marcar restricciones al uso de los embriones sobrantes. Los nacionalistas catalanes y canarios votaron contra la iniciativa socialista, mientras que vascos y gallegos se abstuvieron.
Gran parte de los argumentos que empleó Pastor en la explicación de la reforma descansan en una garantía: la extensión de la gratuidad de los tratamientos de fecundación in vitro a toda España. Cuestión que se incluirá en una cartera de servicios que, previa negociación con las comunidades, además ofrecerá a las parejas candidatas a estos procesos de fecundación un plazo máximo de tiempo para iniciar el tratamiento. Todo ello estará incluido en una serie de protocolos donde se arbitrarán las normas. «Y esto -señaló Pastor- no es regresivo. Regresivo es dejar que pase lo que está pasando».
Los partidos nacionalistas votaron contra la propuesta socialista y reclamaron al Gobierno consenso y diálogo, principalmente enfocado en una sola dirección: que la reforma permita mayor flexibilidad en el número de embriones que pueden ser transferidos por ciclo, marcado por el Gobierno en tres. Número que sólo podrá ser superado a través de unas excepciones que señalará la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Entre estas excepciones a la regla pueden figurar los trastornos masculinos que provocan un semen de calidad muy baja, mujeres con fallo o inicio de fallo ovárico y con deficiente repunte hormonal, así como casos en los que se deba realizar un diagnóstico preimplantacional debido a la existencia de una patología genética previa de los progenitores.
La actitud de los nacionalistas tendrá una primera consecuencia: que el PSOE tendrá que sentarse a negociar en el trámite de la ponencia parlamentaria. El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky sintetizó su postura contraria al Gobierno en una aseveración dirigida contra Ana Pastor: «Intenta solucionar problemas de equilibrio interno, su posición es difícil, pero no podemos hacer leyes que no sean lo suficientemente avanzadas». Lissavetzky aseguró que su partido buscará consenso pero esquematizó sus prioridades: mayores facilidades a la investigación con embriones, dejar a los profesionales la decisión sobre el número de ovocitos a fecundar y dejar capacidad de decisión a las comunidades.
Estas propuestas serán difícilmente asimilables por el Gobierno. Ana Pastor era concluyente ayer: «No hay textos alternativos mejores». Una aseveración que la basó en los informes de la Comisión de Reproducción Asistida y el Comité Asesor de Ética, en la necesidad de acabar con las altas tasas de partos múltiples mediante la reducción del número de embriones a transferir (como en Francia, Suecia o Finlandia), y en buscar soluciones a los embriones crioconservados en España.
