El anteproyecto de ley que prohibirá fumar en centros o lugares de trabajo, así como en establecimientos de hostelería y restauración cerrados, ha sido presentado hoy por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, al Consejo de Ministros.
El objetivo de este anteproyecto es establecer limitaciones a la venta y suministro del tabaco, a su consumo y a la publicidad, promoción y patrocinio del mismo, atendiendo a los efectos nocivos para la salud y a la mortalidad que ocasiona (unos 50.000 muertos al año).
Así, la norma prohibirá vender e incluso «entregar» tabaco a personas menores de 18 años. Establece además un listado de lugares en los que se impone la «prohibición total de fumar»: centros de trabajo públicos y privados en espacios cerrados; centros sanitarios, docentes y de atención social; instalaciones deportivas cubiertas; servicios de atención al público; centros culturales; áreas donde se manipulen o vendan alimentos; medios de transporte colectivo, y estaciones.
Asimismo, fija una serie de lugares donde se concede la posibilidad de habilitar zonas para fumadores: centros o lugares de trabajo y de atención social; comercios y establecimientos de hostelería con superficie superior a 100 metros cuadrados; teatros, cines y otros espectáculos públicos en espacios cerrados, y aeropuertos.
Estas zonas habilitadas para fumadores deberán cumplir una serie de requisitos, tales como una señalización adecuada, separación física del resto de las dependencias, y dotación de sistemas de ventilación independientes.
El anteproyecto incorpora también al ordenamiento jurídico español una directiva europea aprobada en mayo de 2003 por la que se extiende la prohibición de la publicidad de tabaco a la radio, prensa, vallas y cines. Además, se impedirá la distribución gratuita o promocional de los productos del tabaco.
Precios
Por otro lado, el Consejo de Ministros abordó hoy un informe sobre el impacto que supondría la subida de los precios de los cigarrillos. El estudio asegura, citando datos del Banco Mundial, que esta medida tiene «una mejor relación coste-efectividad para reducir el consumo».
En este sentido, el Ejecutivo estima que un aumento del precio de venta al público de un 20% supondría una reducción del consumo del 8,6%, o lo que es lo mismo, dejarían de fumar alrededor de 1.169.600 ciudadanos.
