Las negligencias y el maltrato psicológico se dan «con frecuencia» en los 7,2 millones de mayores españoles, un colectivo que además se siente explotado económicamente y utilizado como «mano de obra gratuita», según un informe presentado ayer.
El estudio «Negligencia, abuso y maltrato en la vejez», elaborado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y financiado por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), analiza estas situaciones desde la perspectiva de los mayores y desde la percepción de los profesionales del sector (médicos, psicólogos, enfermeras…).
En primer lugar, los propios mayores reservan el término «maltrato» para situaciones extremas de violación de derechos y lo consideran «anecdótico, pero espeluznante», explica el presidente de la SEGG, Isidoro Ruipérez.
Por contra, «los profesionales creen que sí hay maltrato y sobre todo conductas negligentes, como la omisión de valoraciones sanitarias, uso innecesario de pañales, no controlar la medicación ni hacer las curas precisas», señala Ruipérez.
Falta de respeto
Entre los abusos, los profesionales mencionan la infantilización en el trato, la falta de respeto a las opiniones y a la intimidad del anciano, la derivación excesiva al hospital, negar tratamientos sólo por la edad, prescribir demasiados psicofármacos, o prescribir sin ver al paciente.
No obstante, los mayores son conscientes de ser explotados como mano de obra gratuita -«un deseo inicial de ayudar acaba en abuso»-; creen que la convivencia en familia se convierte al final en un «aguantar al viejo, se sienten trastos viejos», añade el presidente de la SEGG.
Entre las propuestas de la Sociedad figuran una mayor implicación de los servicios sociales, aumentar el control y las inspecciones en las residencias, igualar las pensiones más precarias al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), disponer de geriatras en los centros de salud y más plazas en residencias públicas.
Según Ruipérez, la cobertura de plazas residenciales en España es de 3,4% -en la Unión Europea (UE) asciende a 5,1 plazas-, e indicó que las «clases medias» tendrían mucha dificultad si quisieran acceder a una de estas instalaciones, dado que no gozan de ayudas sociales ni tampoco pueden permitirse una residencia de calidad por su elevado coste.
