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Importación paralela de productos fitosanitarios

El pasado 11 de septiembre la Abogado General Verica Trstenjak presentó sus Conclusiones en el Asunto C-201/06, que enfrenta a la Comisión de las Comunidades Europeas con la República Francesa. El tema versa sobre la compatibilidad de la regulación francesa sobre los requisitos para la importación paralela de productos fitosanitarios con los del derecho comunitario. La Comisión pretende que se declare que la República Francesa, que exige un origen común del producto fitosanitario importado paralelamente y del producto de referencia, ha incumplido las obligaciones que le incumben según establece el artículo 28 del Tratado CE.

Importación paralela de productos fitosanitarios

UNA IMPORTACIÓN PARALELA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DEBE GARANTIZAR LA ENTRADA EN EL MERCADO DE PRODUCTOS SEGUROS PARA LA SALUD HUMANA

El 29 de febrero de 2000 la empresa Endres-Merath, establecida en Tettnang (Alemania), solicitó a las autoridades francesas la autorización para comercializar en el mercado francés, con el nombre de Deltamex, el producto fitosanitario Deltamethrin, procedente de Austria, donde se comercializaba con el nombre de Mac-Deltamethrin. El producto equivalente ya autorizado en Francia se denominaba Decis. El Deltamex, según las explicaciones del Gobierno francés durante el litigio, al igual que el Decis, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, de acción rápida e irreversible sobre el sistema nervioso de los insectos, y que se utiliza en cereales, colza, maíz, cultivos de verduras, patatas, guisantes, vid y en arboricultura.

El 17 de abril de 2000, las autoridades francesas concedieron una autorización para la comercialización a la empresa Endres-Merath para el Deltamex para un período de diez años. Sin embargo, el 31 de julio de 2001 revocaron dicha autorización mediante resolución. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Comisión, que tomó cartas en el asunto. De esta forma, el 24 de junio de 2004, en una reunión bilateral entre las autoridades francesas y la Comisión, ésta preguntó por la revocación. Los representantes del Ministerio de Agricultura franceses señalaron que los datos relativos al Deltamex no eran suficientemente claros e hicieron referencia a impurezas y problemas de etiquetado. Las explicaciones ofrecidas por las autoridades francesas no convencieron a la Comisión, por lo que se vio obligada a dirigirles, el 18 de octubre de 2004, un escrito de requerimiento en el que afirmaba que la República Francesa había incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los principios fundamentales establecidos en el Tratado CE, concretamente en los artículos 28 CE y 30 CE.

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La infracción del derecho comunitario esgrimida tenía su fundamento en la privación a los importadores sucesivos de un mismo producto fitosanitario, o de un producto cuyas diferencias carecían de incidencia sobre su eficacia o inocuidad, del acceso a un procedimiento abreviado de autorización de importación paralela, cuando ya disponía de todas las indicaciones para controlar la eficacia y la inocuidad del producto; en la exigencia de una «identidad perfecta» entre el producto fitosanitario importado paralelamente y el producto de referencia, en particular en lo relativo a la composición cuantitativa y cualitativa en excipientes, así como a la forma del producto y a su envase, y de un origen común de dichos productos; por otro lado, en la necesidad de aportar una prueba de esta identidad perfecta, del origen común, así como de la inexistencia de efectos diferentes, mediante informaciones a las que el importador paralelo no puede acceder.

El hecho es que las autoridades francesas no respondieron a este escrito de requerimiento y la Comisión se vio obligada a exigir, mediante escrito de 13 de julio de 2005, un dictamen centrado en la imputación del requerimiento por incumplir el derecho comunitario al exigir un origen común del producto fitosanitario importado paralelamente y del producto de referencia.

Las autoridades francesas respondieron, mediante escrito de 15 de septiembre de 2005, aduciendo que el requisito de un origen común de los dos productos era exigido por el Decreto francés 2001-317, y que debía interpretarse en el sentido de que se fabricaran según la misma fórmula, por la misma sociedad o por una empresa relacionada con ella o que trabajara bajo licencia. Además, exponían que la legislación francesa reproducía los términos de la sentencia de 11 de marzo de 1999, British Agrochemicals Association.

La Comisión, no conforme con esta respuesta, interpuso el recurso que dio origen al presente procedimiento, de 4 de mayo de 2006.

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