La Comisión Europea (CE) ha informado de la apertura de un expediente sancionador a España por incumplir las nuevas normas para gallinas ponedoras, que desde el pasado 1 de enero obligan a adecuar las jaulas con nuevas exigencias para mejorar el bienestar de estos animales. La apertura del expediente tiene la forma de una carta en la que el comisario de Salud, John Dalli, informa a las autoridades del país que desde la entrada en vigor de la nueva norma debe hacer valer «la prohibición de las jaulas no enriquecidas».
Además de España, los expedientes sancionadores afectarán a Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumania. El Ejecutivo comunitario insiste en la importancia de cumplir la directiva porque lo contrario supone un riesgo para el bienestar animal, «pero también puede implicar distorsiones en el mercado y una competencia desleal».
En torno a «un tercio» de la producción española «no cumple» con las normas europeas, según fuentes comunitarias, que apuntan que con esta cifra España ocupa el segundo puesto de una lista de 13 países incumplidores, solo por delante de Italia. En España hay 720 explotaciones y una población de 43,5 millones de gallinas ponedoras, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que en diciembre estimó que cerca del 50% de las jaulas ya estaban acondicionadas. El nuevo ministro, Miguel Arias Cañete, dijo la semana pasada que España está «en la senda de cumplimiento» de la norma y pidió a Bruselas «cierta flexibilidad» para la adaptación del sector.
Entre los requisitos de las jaulas enriquecidas figuran la obligación de una mayor superficie, para que cada ejemplar tenga al menos 750 centímetros cuadrados, y de disponer de nidos y de dispositivos para el recorte de uñas o sistemas alternativos, «con el objetivo de satisfacer las necesidades fisiológicas y de comportamiento» del ave, según apunta Bruselas en un comunicado. El propio comisario Dalli advirtió la semana pasada de acciones «inminentes» contra un grupo de Estados miembros por no estar al día con la legislación comunitaria, aunque no precisó de qué países se trataba.
La apertura del expediente es el primer paso de un procedimiento de infracción, con el que se da un plazo máximo de dos meses para que el Estado miembro emprenda medidas correctoras. Si la respuesta no convence, Bruselas puede dar una segunda oportunidad al país con un nuevo plazo de dos meses y, si tampoco en esa fase se resuelve el dossier, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
