Anteproyecto de la Ley de Dependencia

Una persona dependiente es aquella que necesita ayuda para realizar las actividades básicas cotidianas como levantarse de la cama, asearse o comer. Los datos del Ministerio de Asuntos Sociales revelan que en nuestro país hay más de 1.125.000 personas en esta situación. Por esta razón, muchas ONG y asociaciones llevan años trabajando para que la Ley de Dependencia vea la luz en España. De momento, el anteproyecto se ha presentado en diciembre de 2005 y se prevé su entrada en vigor en enero de 2007.

¿Qué implica la aprobación de esta Ley? Reconoce el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Gobierno. Para ello se ponen de manifiesto una serie de prestaciones que se recogen de la siguiente manera en el anteproyecto:

• Servicios para la promoción de la autonomía personal:
  • Prevención de las situaciones de dependencia.
  • Teleasistencia.
  • Ayudas técnicas para la autonomía personal.
  • Ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar.
  • Asistencia personalizada.
• Servicios de atención y cuidado:
  • Servicio de ayuda a domicilio: Atención de las necesidades del hogar. Cuidados personales
  • Servicio de atención en Centros de Día y de Noche
  • Centros de atención especializada.
  • Servicio de atención en centro residencial: Residencias de personas mayores dependientes y centros de atención a dependientes con discapacidad.

  Prestaciones económicas:

  Además, la Ley garantiza un conjunto de prestaciones económicas:

  • Contratación del servicio: La prestación económica de carácter personal podrá recibirse cuando el beneficiario cumpla determinados requisitos y estará, en todo caso, vinculada a la prestación de un servicio. La cantidad que corresponde a la prestación económica estará en relación con el grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.
  • Compensación económica por cuidados en el entorno familia: Siempre que se den las circunstancias familiares y de otro tipo adecuadas para ello, y de modo excepcional, el beneficiario podrá optar por ser atendido en su entorno familiar, y su cuidador recibirá una compensación económica por ello. Para ello, el cuidador familiar deberá estar dado de alta en la Seguridad Social. El apoyo a cuidadores conlleva programas de información, formación, y periodos de descanso para los cuidadores no profesionales, encargados de la atención de las personas en situación de dependencia.

  • Prestación de asistencia personalizada: Tiene como finalidad la promoción de la autonomía de personas con gran dependencia menores de sesenta y cinco años. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personalizada durante un número de horas, que facilite al beneficiario una vida más autónoma, el acceso a la educación y al trabajo, y el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

    Todos estos servicios se gestionarán a través del Sistema Nacional de Dependencia, que se establecerá definitivamente en el año 2015. Para su consecución el Gobierno aportará más de 12.638 millones de euros.

    Infracciones y sanciones

    Las siguientes conductas serán motivo de infracción y ésta oscilará entre los 30.000 euros hasta un máximo de un millón de euros, en función de la gravedad de la infracción:

    • Dificultar o impedir cualesquiera de los derechos de las personas en situación de dependencia.
    • Obstruir la acción de los servicios de inspección.
    • Negar el suministro de información o proporcionar datos falsos.
    • Aplicar las prestaciones económicas a finalidades distintas a aquellas para las que se otorgan, y recibir ayudas, en especie o económicas, incompatibles con las prestaciones establecidas en la presente Ley.
    • Incumplir las normas relativas a la autorización de apertura y funcionamiento y de acreditación de centros de servicios de atención a personas en situación de dependencia.
    • El trato discriminatorio a la persona en situación de dependencia.
    • Conculcar la dignidad de las personas en situación de dependencia.
    • Generar situaciones de riesgo o daño para la integridad física o psíquica.
    • El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las Administraciones Públicas competentes.