El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y UNICEF han aprovechado la coincidencia con la próxima celebración del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989), así como la actual reforma de la Ley de Extranjería (LOEX), para presentar un informe que aborda la situación de los miles de menores extranjeros, acompañados y no acompañados, que residen en nuestro país. Además, han hecho un llamamiento para que se priorice «la consideración de menor sobre la consideración de extranjero», tal como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño -que España ratificó en 1990-, en las cuestiones que más afectan a los menores extranjeros: determinación de edad, documentación, tutela, repatriación, asistencia letrada, integración o reagrupación familiar.
«Ni ilegales ni invisibles: Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España» ofrece una descripción pormenorizada sobre la «difícil situación» de un importante número de menores inmigrantes -en especial los no acompañados-. Su objetivo es «contribuir a la mejora de sus condiciones de vida», señalan los precursores del informe, a pesar de la dificultad para conseguir datos reales sobre el número de menores extranjeros en España y la realidad de cada uno de ellos.
Para la elaboración de este estudio se han solicitado datos a 700 organismos e instituciones, «de los que el 80% no han contestado», según afirman CGAE y UNICEF. Algunos datos recabados llegan a «contradecirse entre la Administración central y las autonómicas», por lo que una de las recomendaciones del informe es la «urgente necesidad de mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones y la puesta en marcha del Registro Nacional de Menores Extranjeros No Acompañados previsto legalmente, con datos de todas las instituciones implicadas (artículo 111 RLOEX), pero que no funciona realmente».
Otra de las conclusiones del estudio destaca que la legislación europea y española en materia de extranjería se han quedado obsoletas para la realidad actual, por lo que consideran «imprescindible» adaptar los procedimientos de la Administración a la realidad y coordinar a las comunidades autónomas para asegurar la protección del menor extranjero y garantizar que se cumplan sus derechos.
Las dos organizaciones creen que que asegurar la asistencia letrada en todos los procedimientos que afecten de manera directa a los intereses personales del menor. «La reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) debe ser una oportunidad para contemplar la intervención letrada en todos los procedimientos administrativos en los que esté involucrado un menor no acompañado».
