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Cuatro millones de clientes de banda ancha podrían darse de baja si se penaliza el uso de redes P2P, advierte la AI

Los operadores se plantean desconectar o ralentizar la conexión a Internet a quienes empleen estos programas

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 13 febrero de 2009
Cuatro millones de clientes de banda ancha -ADSL y cable-modem- podrían darse de baja del servicio si finalmente se decide penalizar el uso de las redes de intercambio de archivos P2P. Así lo afirma la Asociación de Internautas (AI), que recuerda que nuestro país tiene la banda ancha "más cara y lenta de Europa".

Imagen: CONSUMER EROSKI

Esto ocurriría si finalmente se confirma el acuerdo entre RedTel -la asociación de operadores de telecomunicaciones con red propia, de la que forman parte ONO, Orange, Telefónica y Vodafone-, y las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la SGAE, para que en España "se den tres avisos antes de que las operadoras de telecomunicaciones proveedoras de los servicios de Internet desconecten o ralenticen la conexión a Internet por usar redes P2P", explica la AI en una nota.

A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

"Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento", subraya la AI.

No es delito

Esta asociación recuerda que tanto la Fiscalía como varias sentencias han establecido que "el intercambio de archivos con 'copyright' no es delito" y tampoco lo es "cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias 'copyleft' (la mayoría de los casos)".

Las propias entidades de gestión han reconocido, en el "Informe de la industria de contenidos en España", publicado por la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec), que "no hay una bajada de ingresos en el sector y que sólo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)", afirma la AI.

Las negociaciones, que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, "pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo", añade la organización, que considera que un acuerdo de esta naturaleza "atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento".

El caso Eircom

Eircom es un proveedor de Internet irlandés que fue requerido a bloquear el uso de los programas P2P por parte de sus clientes. Esta empresa ha llegado a un acuerdo con la IRMA (la industria irlandesa de los productores de fonogramas) en virtud del cual las compañías de discos le suministrarán las direcciones IP de personas que han subido o descargado obras protegidas.

A partir de aquí, Eircom informará a sus clientes que su IP ha sido detectada violando el “copyright” y les enviará un aviso alertándoles de que, si no abandonan tal práctica, serán desconectados de la Red. En caso de no conformidad del cliente advertido, éste perderá la conexión a Internet.

En opinión de la Asociación de Internautas, esto vulnera completamente el derecho a la privacidad y viola el secreto de las comunicaciones telemáticas. “La industria musical no tendrá acceso directo a las comunicaciones del usuario pero sí el operador, que necesariamente deberá espiarlo de cara a determinar qué está haciendo en Internet”, explica.

La organización afirma además que el usuario de Eircom “queda en la total indefensión ya que la medida la decidirán entre el proveedor y la industria musical, sin posible intervención de un juez que medie en el conflicto”.

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