Javier de la Cueva, abogado y autor del proyecto Kelsen
Las reclamaciones de usuarios y consumidores deben utilizar un modelo tecnológico nuevo
- Autor: Por Darío Pescador
- Fecha de publicación: viernes 17 febrero de 2006

Javier de la Cueva es un abogado que desde siempre ha estado interesado en la tecnología y en las relaciones entre ésta y el Derecho. Su queja: el Derecho y su lenguaje son incompresibles para los ciudadanos. Su solución: automatizar en lo posible los procesos, como por ejemplo, las demandas contra el canon de la SGAE sobre los discos ópticos. Su última victoria: lograr que la Asociación Cultural La Dinamo, del barrio madrileño de Lavapiés, no tenga que pagar a la SGAE por la música que pone en su local con licencia Creative Commons.
Además de ejercer como jurista, Javier de la Cueva es un avezado internauta que coordina las acciones de impugnación legal del canon de la SGAE desde su página Derecho-Internet, y estudia la aplicación de al Derecho procesal. Desde el sitio web Justicia y Opinión, gestiona a las cinco comisiones del Foro por la Justicia del Consejo General de la Abogacía Española. También es el administrador de un servidor en la Red del grupo Es.comp.os.linux.
¿Qué es el proyecto Kelsen?
¿Por qué llamarlo proyecto Kelsen?
El proyecto Kelsen debe su nombre a un jurista austríaco que ‘inventó’ un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, esto es, el Tribunal Constitucional. También fue quien mejor describió una estructura jerarquizada de las leyes, como si fuera un árbol, en cuya base está el tronco, que es la Constitución, y de la que luego salen las leyes, que serían las ramas que nacen del tronco y de las que luego se derivan los reglamentos. Éstos equivaldrían a las ramas finas de la copa. Si nos fijamos, esta misma estructura se repite por doquier y entre muchos sitios, como por ejemplo en el árbol de directorios de un ordenador.
¿A quién beneficia un proyecto como este? ¿Más a los ciudadanos, o a los abogados?
¿Cómo se aplica al caso de las demandas por el Canon de la SGAE?
En nuestro caso la coordinación se está realizando sobre 19 procedimientos que se han interpuesto a lo largo de la geografía nacional. Partimos de una plantilla común, que se puede rellenar por el ciudadano de una manera muy sencilla, de una lista de correo electrónico pública en la que solventamos todas las dudas y de una lista de correo privada de coordinación de los demandantes. Hay otros abogados que, a su vez, están usando la plantilla para sus propios pleitos y otros que han mejorado la misma aportando nuevos elementos, como por ejemplo Josep Jover, abogado de Barcelona que ha incorporado temas de Derecho comunitario y de protección de datos muy interesantes.
¿En qué otros casos sería útil, por ejemplo?
La lentitud de la justicia es legendaria. ¿Aplicar la tecnología puede ayudar a agilizar su funcionamiento?
Aplicar una correcta tecnología ayudaría mucho. El problema es que identificamos tecnología con determinados productos de consumo masivo que son de una calidad pésima. No se entiende, por ejemplo, que los ordenadores de los juzgados utilicen Windows, que es un campo minado lleno de agujeros, y eso no es tecnología, es un producto de consumo masivo y malo. Por otra parte, es necesario educar tecnológicamente a los funcionarios, lo cual es fácil siempre y cuando se les implanten soluciones que ellos comprueben que les facilita la labor, pero muy difícil si lo que se encuentran son programas no intuitivos que se cuelgan cada dos por tres o que se infectan con virus.
¿Los profesionales del Derecho en España están preparados, y dispuestos, a aceptar cambios tecnológicos?
¿Qué les falta a los abogados españoles para adoptar las nuevas tecnologías como herramienta cotidiana?
Si bien se realizan esfuerzos, en muchos casos se hacen sin un criterio claro. Lamentablemente, vivimos en un mundo en el que se ha hecho una separación artificial entre las Ciencias y las Letras. Las personas que se dedican al Derecho, con raras excepciones, siguen pensando que un ordenador es una máquina de escribir compleja y se asustan ante la misma. Hace falta mucha alfabetización tecnológica, pero el panorama que ofrecen las instituciones es desolador. Incluso las propias instituciones son ciegas ante la tecnología. Por ejemplo, esta semana hemos sabido que el Colegio de Abogados al que pertenezco, el de Madrid, ha encargado a una empresa privada una cuestión de firma electrónica que nos acredita como letrados y parece ser que sólo se podrá hacer mediante el uso de programas propietarios (de pago). Así que antes acreditar mi condición de abogado era gratis y ahora se menciona que los programas se cobrarán y que no hay alternativas libres. Posteriormente, ya sólo falta hacer obligatoria la acreditación electrónica para determinados trámites para entrar en un proceso corrupción institucionalizada, como ahora ocurre con el ‘Sistema Red’ de la Seguridad Social, que o tienes Windows o no puedes obtener bonificaciones de la Seguridad Social. Es lamentable y vergonzoso.
¿Qué otros proyectos se impulsan desde Derecho-Internet.org?
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