Los miles de pasajeros afectados por la huelga ilegal de los trabajadores de tierra de Iberia en el aeropuerto de El Prat el pasado viernes podrían quedarse sin indemnización. Así lo advirtió ayer el consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat, Jordi Valls, quien aseguró que las aerolíneas podrían alegar que el caos desatado en las instalaciones fue provocado por causa de fuerza mayor. Por su parte, la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra) presentó una querella criminal contra los empleados de la compañía de bandera que protagonizaron los incidentes. Les acusa, entre otras cosas, de sedición, detención ilegal y de contravenir la Ley de Seguridad.
Valls compareció ante la diputación permanente del Parlamento catalán junto a los consejeros de Interior, Salud, Economía y Política Territorial para explicar su actuación durante la crisis. Aseguró que la invasión de las pistas no fue una huelga, lo que, reconoció, puede complicar las reclamaciones posteriores de los damnificados. Si las aerolíneas alegan causa de fuerza mayor podrían verse exoneradas de sus responsabilidades con los viajeros.
Acusación popular
Para intentar evitar que los incidentes queden sin castigo, Asetra se personó como acusación popular en el Juzgado de Instrucción número de 1 de El Prat para presentar su querella. Un paso que pretende «defender los intereses de aquellas personas que se vieron atrapadas por la ocupación de las pistas», explicó la asociación.
Asetra pedirá la comparecencia ante el juez del delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rancel; el secretario general de UGT en Cataluña, José María Álvarez; el director del aeropuerto de Barcelona, Fernando Echegaray; el director general de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, y el responsable de Iberia en la zona, Carmelo Gómez.
Esta organización pide al juez que imponga una fianza a los trabajadores para atender las posibles responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de su actuación. Asimismo, reclama que se les obligue a personarse en las dependencias judiciales los días 1 y 15 de cada mes. También solicita el embargo de sus bienes para afrontar las eventuales sanciones.
Acumular reclamaciones
Asetra también reclama el plan de emergencias y seguridad del aeródromo e informes del responsable de la torre de control sobre lo ocurrido, así como un informe pericial que evalúa las reclamaciones de las compañías. El director de Asetra, Ignasi Rubio, dice que se trata de que expliquen qué medidas se tomarán para solucionar la crisis y «depurar responsabilidades» y para «atender las correspondientes reclamaciones».
Asetra es partidaria de acumular en una sola causa todas las reclamaciones y que sea la Audiencia Nacional la que asuma el caso
Rubio ha aprovechado la ocasión para felicitar la labor profesional de los controladores aéreos, gracias a los cuales, ha señalado, «no se produjeron mayores problemas». Asimismo, ha informado de que, por el momento, la asociación ha canalizado un centenar de reclamaciones.
Debido a la magnitud y gravedad de los hechos que se denuncian, Rubio ha manifestado que la asociación de la que es portavoz es partidaria de acumular en una sola causa todas las reclamaciones y que, finalmente, sea la Audiencia Nacional la que asuma el caso.
Por su parte, CGT, sindicato protagonista de los incidentes junto a CCOO y UGT, pidió que se acabe con la «orgía de sangre y el linchamiento público» que entiende sufren los trabajadores de Iberia. La formación advirtió que no descartaba nuevas movilizaciones si no se lograba un acuerdo que satisfaga a la plantilla en la reunión prevista para este jueves con la empresa.
