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El Plan Vivienda 2005-2008 incluye los “minipisos” en régimen de alquiler para los jóvenes

Rebaja a 30 años la vida útil de la vivienda protegida y elimina la exigencia de crear registros para optar a la financiación estatal

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 1 julio de 2005
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y los consejeros autonómicos responsables de esta materia cerraron ayer las líneas generales del borrador de Real Decreto que regulará el Plan de Vivienda 2005-2008 y que el Consejo de Ministros aprobará hoy. El programa incluye finalmente los polémicos "minipisos". Serán casas de 30 a 45 metros cuadrados en régimen de alquiler destinadas a los jóvenes.

Tras la polémica surgida el pasado mes de abril, la propia Trujillo aseguró que el modelo de los "minipisos" no formaría parte de su plan ni de "las políticas de vivienda protegida". Sin embargo, la ministra ha cambiado de parecer. El objetivo de incluirlas es "facilitar la emancipación de los jóvenes", explicó.

La titular de Vivienda se refirió también a las ayudas económicas previstas en el Plan 2005-2008. Un aspecto que fue muy criticado por algunas comunidades que destacaron su carácter "regresivo". "Este es el plan que tiene más dotación económica de todos los que se han aprobado hasta ahora", aseguró.

El primer borrador que Trujillo presentó a las comunidades les obligaba a cumplir una serie de requisitos si querían acceder a la financiación estatal en asuntos de vivienda de protección oficial (VPO). Requisitos que ahora, tras las quejas de los gobiernos regionales, la ministra ha optado por eliminar. Así, el Real Decreto señala que el tiempo durante el que las VPO quedan protegidas y no pueden pasar al mercado libre es de un mínimo de 30 años. Un plazo que queda muy lejos de las aspiraciones de Trujillo, que quería alargarlo durante toda la vida útil.

Otra de las exigencias que se caen del plan inicial es la de instaurar registros de demandantes y oferentes de VPO que controlen las transacciones. La consejera andaluza, Concepción Gutiérrez, advirtió que "muchas autonomías prefieren tener en cuenta a los ayuntamientos y a los servicios sociales que están más próximos a la realidad social a la hora de conceder los pisos". La prohibición de financiar con dinero estatal políticas regionales de alquiler con opción a compra también desaparece.

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