Energías renovables sí, pero no a cualquier precio. Es una de las conclusiones de ‘Electricidad verde’, una obra en la que han participado expertos en la materia de primer nivel, como asesores de la Casa Blanca o profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Uno de estos especialistas, Jorge Padilla, director ejecutivo por Europa de la consultora multinacional LECG, explica que los datos demuestran las bondades medioambientales de las renovables, pero su promoción no se puede hacer a expensas de la competitividad industrial o de los consumidores al pagar más por la electricidad.
“El Gobierno debería analizar hasta qué punto los objetivos medioambientales pueden alcanzarse a un menor coste”El libro no está escrito por ideólogos de uno u otro signo, sino por economistas. A todos nos une el objetivo de hacer un estudio cuidadoso de la evidencia empírica interpretada desde la economía industrial. Creemos que gracias a este enfoque se podrán diseñar sistemas eléctricos que sean a la vez seguros, sostenibles y eficientes con el beneficio económico consiguiente.
La principal conclusión del libro es que la promoción de las energías renovables solo está justificada por razones de tipo medioambiental. En síntesis, mientras los beneficios medioambientales del uso de energías renovables son indiscutibles, las justificaciones de tipo geoestratégico y económico en favor de su promoción son dudosas.
“A corto y medio plazo, no parece probable que la generación renovable pueda sustituir a los combustibles fósiles”Los autores de este libro apoyan las políticas de promoción de las energías renovables, pero solo por motivos medioambientales. Numerosos gobiernos han hecho de la inversión en las energías renovables una prioridad por varias razones: medioambientales, como motor del crecimiento económico y por asegurar la seguridad de suministro. Sin embargo, el libro refleja que las otras justificaciones empleadas para defender dichas políticas no se pueden comprobar. Es más, considera que los objetivos medioambientales no deberían alcanzarse a expensas de la competitividad de la industria.
En lo que respecta al efecto que el desarrollo de las energías renovables tendrá sobre el precio de la electricidad en España, la evidencia índica que a medida que se aumente la proporción de electricidad que se cubre con este tipo de energías, su precio aumentará.
“No está claro que la promoción de las energías renovables sea la solución única y/o la más eficiente”España ha sido un país pionero en el desarrollo y promoción de las energías renovables. Por ello, más que aprender de otros países debe aprender de su propia experiencia. Lo primero, y más importante, el Gobierno español debería considerar con cuidado la magnitud y el coste de su política de fomento de las energías renovables. El Gobierno debería analizar hasta qué punto los objetivos medioambientales pueden alcanzarse a un menor coste por medio de políticas destinadas a la promoción de la eficiencia energética. Debería revisar sus estimaciones sobre la demanda y capacidad de generación para poder evaluar con rigor la cuantía de las ayudas a la generación renovable. Para ello, debería considerar los posibles efectos adversos que tiene sobre la eficiencia económica del mercado de generación de electricidad.
A corto y medio plazo, y debido a la enorme inercia del sistema eléctrico, no parece probable que la generación renovable pueda sustituir a la generación térmica convencional basada en combustibles fósiles, sobre todo, por un problema de costes. En la actualidad, la generación con energías renovables es más cara que la generación con combustibles fósiles y tiene además problemas concretos de operación, control y gestionabilidad que aumenta todavía más los costes de integrar la generación de renovables a gran escala en el mercado eléctrico.
“La política de promoción de las renovables en España ha impuesto un elevado coste a la sociedad”Las renovables son una parte de la solución al problema de seguridad de suministro energético que tiene España, que importa más de un 85% de demanda de energía primaria. Sin embargo, no está claro que la promoción de las energías renovables sea la solución única y/o la más eficiente con respecto a este punto. Como he indicado, la promoción de las energías renovables debe basarse solo en sus ventajas medioambientales.
No. El Gobierno español ha hecho de la inversión en las energías renovables una prioridad nacional y plantea el desarrollo del sector como uno de los principales vectores de crecimiento económico en los próximos años. La política del Gobierno ha sido, sin duda, efectiva. España es uno de los países en el mundo con más capacidad de generación solar y eólica, tanto en términos relativos como absolutos. Sin embargo, esta política de promoción ha impuesto un elevado coste a la sociedad, en forma de mayores precios de la electricidad que repercuten en la competitividad de la industria española y en el bienestar de los consumidores. Ahora bien, es cierto que el fomento de las energías renovables ha tenido un impacto positivo en algunos sectores.
“Los consumidores pueden producir su propia electricidad verde, pero no es la única solución”El libro no discute los problemas del cambio climático. En el caso de Europa, asume como adecuados los objetivos de reducción de emisiones que se plantean para el año 2020 en España y Europa en su conjunto.
Los consumidores pueden producir su propia electricidad verde, pero las empresas eléctricas son todavía la referencia.
La generación distribuida puede ayudar a desarrollar e integrar a un menor coste las energías renovables. Sin embargo, en ningún caso se podría asumir que la autogeneración es la solución. Las soluciones a gran escala pasan por producir y transportar la energía de la manera más barata, eficiente y segura posible, lo cual está lejos de alcanzarse por este tipo de generación.
Jorge Padilla es director ejecutivo por Europa de la consultora multinacional Legal Technology & Analytic Consulting (LECG) y es Doctor y Máster por la Universidad de Oxford. Asesora a compañías de diferentes industrias en temas relacionados con la política y regulación de la competencia del sector energético. Es miembro del grupo investigador del Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, Londres) y del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y ha sido miembro del consejo editorial de Competition Policy International, Review of Economic Studies Spanish.
