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Ley de Dependencia

Cualquier duda sobre la aplicación de la norma se puede resolver a través de un teléfono de información gratuito

  • Autor: Por FEBRERO, 2007
  • Última actualización: 15 de febrero de 2007

Tras la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, el Ministerio de Trabajo ha habilitado el teléfono gratuito 900 40 60 80 para que los ciudadanos y ciudadanas resuelvan cualquier duda sobre la aplicación de la norma. La campaña fue puesta en marcha en enero y continuará, por lo menos, hasta el 1 de abril. A partir de ese día, las personas interesadas podrán solicitar la evaluación de su grado de dependencia para acogerse a las diferentes ayudas que prevé la Ley. En total, el Gobierno y las comunidades autónomas aportarán hasta 2015 cerca de 25.000 millones de euros y se calcula que 1.125.000 personas se beneficiarán de las prestaciones.

Beneficiarios

El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley de Dependencia, un nuevo instrumento que pretende mejorar los mecanismos de prevención y ampliar los servicios de atención. Para ello, la norma contempla el reparto de ayudas económicas a las personas dependientes, según su grado de dependencia. Será a partir del 1 de abril cuando los posibles beneficiarios podrán solicitar la evaluación de su situación a la administración autonómica que les corresponda. Previamente, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha una campaña de información y ha habilitado el teléfono 900 40 60 80 para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan resolver cualquier duda sobre el nuevo derecho que les asiste y los pasos a seguir. Según recoge el Libro Blanco de la Dependencia, editado por el Ministerio de Asuntos Sociales a partir de las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, la mayoría de las personas dependientes tienen más de 65 años. En concreto, más del 80% de las personas que no se pueden valer por sí mismas supera esta edad y son atendidas en el ámbito familiar, sobre todo, por las mujeres (83%). Sólo el 3,5% de los mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, el 2,84% con teleasistencia, el 3,86% con una plaza en una residencia y el 0,54% en un centro de día.

El objetivo de la nueva Ley es paliar esta situación, que sitúa a España muy por detrás de los niveles de cobertura del resto de Europa, aunque la norma no está exenta de cierta polémica. La mayor controversia se halla, precisamente, en el término 'dependencia', ya que por un lado la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) asegura que "la definición que se adopta para la dependencia incluye la nota de permanencia, lo que supone la exclusión de muchas y graves situaciones de necesidad de ayuda extraordinaria de carácter previsiblemente transitorio". Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo se defiende que con la puesta en marcha de esta norma, España se situará a la cabeza de Europa en atención a la dependencia cuando esté consolidado el sistema, cercano al de los países nórdicos.

En concreto, el artículo 2.2 de la Ley reconoce como beneficiarios a quienes presenten una dependencia "de carácter permanente" por "razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial". Establece también como requisito para recibir ayudas la necesidad de atención "de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal". En total, datos del Ministerio de Asuntos Sociales aseguran que en nuestro país hay más de 1.125.000 personas que cumplen estas características. Para todos ellos, la Ley de dependencia establece varios grados, que determinan, además, la implantación de la norma hasta 2015 mientras se generan las infraestructuras necesarias.

  • Grado I. Dependencia moderada: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día.
  • Grado II. Dependencia severa: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador.
  • Grado III. Gran dependencia: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.

En cada uno de los grados de dependencia se establecerán dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requieran. Será un órgano de valoración decidido por cada comunidad autónoma el que emitirá un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia de cada persona, a la vez que especificará los cuidados que pueda requerir. De esta valoración dependerá el momento en el que podrá ser beneficiario de la Ley, ya que ésta se implantará de manera progresiva:

  • En 2007 serán beneficiarios quienes sean valorados en el Grado III, niveles 1 y 2.
  • En 2008 y 2009, se incorporarán los dependientes severos (Grado II) de nivel 2.
  • En 2010 y 2011, los dependientes severos (Grado II) de nivel 1.
  • En 2012 y 2013, los dependientes moderados (Grado I) de nivel 2.
  • En 2014 y 2015, los dependientes moderados (Grado I) de nivel 1.

Tras ser evaluados, cada ciudadano y ciudadana recibirá una acreditación con su grado y nivel de dependencia, que tendrá validez en todo el estado. Trabajo calcula que durante 2007 recibirán prestaciones los cerca de 200.000 grandes dependientes estimados en España y que, durante los dos años siguientes, se atenderá a los 373.000 dependientes severos. Esta aplicación de la normativa será válida tanto para los españoles como para los inmigrantes que lleven un tiempo (aún por determinar) residiendo y trabajando en España. Respecto a la edad, aunque en un principio la Ley excluía a los menores de tres años, finalmente quienes no alcancen esta edad y presenten graves discapacidades tendrán una escala de valoración específica y se atenderán sus necesidades de ayuda a domicilio y, cuando sea necesario, prestaciones económicas vinculadas o de cuidados en el entorno familiar. En el caso de los jubilados extranjeros de países de la Unión Europea que viven en nuestro país, el Gobierno ha mostrado su disposición a firmar convenios con otros países de la UE para que sus propios sistemas de protección financien el 100% del servicio.

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