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Pisos patera

Las viviendas ocupadas por decenas de inmigrantes hacinados en pocos metros cuadrados empiezan a proliferar en las grandes ciudades españolas

Imagen: Daniel Lobo

¿Pagaría entre 180 y 300 euros al mes por vivir junto a su familia en una habitación de 15 metros cuadrados, en un piso compartido con otras dos o tres familias? ¿Y 30 euros por ocupar una cama durante ocho horas, que en las ocho siguientes será el lecho de otra persona? La respuesta de la inmensa mayoría de españoles es clara: un rotundo 'NO'. Pero cada vez son más las personas que residen en nuestro país y deben aceptar esas condiciones para poder tener un techo bajo el que cobijarse. Estas casas donde decenas de inmigrantes viven hacinados, conocidas como 'pisos patera', empiezan a multiplicarse, especialmente en las grandes ciudades. Una situación que ONG y servicios sociales denuncian ante la Administración, pero para la que reconocen 'no será fácil encontrar solución'.

Infraviviendas

En España hay 4.144.166 emigrantes empadronados, de los que casi tres millones viven en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A ellos hay que sumar la nada despreciable cifra de un millón de 'sin papeles', según los datos que aparecen en el último informe de SOS Racismo. Y la única vivienda a la que pueden tener acceso miles de estos inmigrantes son unos pocos metros cuadrados a un precio desorbitado. En Madrid, vivir en una casa de 25 metros cuadrados compartida con otras veinte personas puede costar cerca de 600 euros al mes, y se llegan a pagar entre 100 y 120 euros mensuales por pernoctar en una cama o un sofá. No descubrimos nada al subrayar que la condición de inmigrante siempre ha supuesto una desventaja en el acceso a una vivienda, porque el recién llegado tiene urgencia por encontrar alojamiento y además dispone de poca información y dinero. Pero no está de más denunciarlo.

En Madrid, vivir en una casa de 25 metros cuadrados compartida con otras veinte personas puede costar cerca de 600 euros al mes

Después de los ansiados papeles, conseguir una vivienda es el principal problema de los inmigrantes y en la actualidad, según señala el informe realizado por CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) sobre el Acceso a la vivienda de las personas Inmigrantes y Refugiadas, hay factores añadidos que dificultan este proceso a los inmigrantes, como la provisionalidad o inestabilidad jurídica derivada de su situación administrativa, lo que conlleva inseguridad y explotación laboral; la precariedad económica debida al endeudamiento para financiar su proyecto migratorio y el envío de dinero a sus familiares; el analfabetismo funcional, provocado por el desconocimiento del idioma, las leyes, la cultura y las costumbres del país de acogida; la ausencia de familia y redes primarias de protección social; racismo, desarraigo... Más allá de la influencia de estos factores, lo cierto es que miles de extranjeros que residen en España habitan en condiciones de hacinamiento, en habitaciones alquiladas de viviendas que carecen de servicios básicos y en un entorno insalubre.

Numerosos inmigrantes viven en unidades de alojamiento que pueden ser consideradas infraviviendas, más si se tiene en cuenta que la habitabilidad de una vivienda viene dada por su estructura, los servicios urbanos de que dispone y su accesibilidad. Además, suele suceder que cuanto peor es el grado de habitabilidad y de las condiciones de vida del ocupante, mayor es el número de alojados en el mismo lugar. Un espacio mínimo para vivir que no llega a los 15 metros cuadrados -los que una persona debe disponer en el hogar que ocupa- recibe el nombre de hacinamiento. La situación es especialmente alarmante en las comunidades autónomas donde más inmigrantes residen, y casos como el de Badalona ya han alertado a la sociedad. En la ciudad catalana varias asociaciones de vecinos han mostrado su inquietud por la realidad que se vive en algunos inmuebles, en los que se alojan varias familias en 50 metros cuadrados, y han llegado a denunciar la existencia de mafias de inmigrantes que compran viviendas y las realquilan a otras personas que se encuentran en situación ilegal.

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