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Motivos para perder una VPO

Fraudes como ceder la vivienda de protección oficial a otra persona o venderla antes de tiempo implican cuantiosas multas y el riesgo de perderla

  • Autor: Por ELENA V. IZQUIERDO
  • Fecha de publicación: 2 de mayo de 2008

Aumento del fraude


- Imagen: Irene A. -

"Si te toca el piso se lo puedes dejar a tu hermano"; "escrituramos a mi nombre para que puedas acceder tú como mi pareja a una VPO y luego vendemos la vivienda libre". Frases como ésta suelen ser habituales ante la posibilidad de acceder a una vivienda protegida mediante sorteo. Una práctica delictiva que supone la pérdida inmediata de la casa de protección oficial. Ceder la vivienda protegida a otra persona, utilizarla sólo para disfrutar de ella sólo varios meses al año, vender el piso sin que supere el período necesario para descalificarlo, o realquilarlo sin permiso a un precio superior al permitido, son algunas de las prácticas contra las que llevan años luchando las distintas administraciones públicas. Algunas ilegalidades suponen para el infractor multas bastante elevadas, y los fraudes o incumplimientos contractuales más graves implican la pérdida de la Vivienda de Protección Oficial.

La subida en el precio de la vivienda durante la última década y las diferencias entre lo que hay que pagar por una casa en el mercado libre y por una de protección oficial -que en ocasiones puede ser tres veces más recibiendo las mismas prestaciones- son algunos de los factores que han provocado un aumento del fraude en la compraventa de viviendas protegidas. Las acciones ilegales en este ámbito son tan frecuentes que desde muchos sectores se ven con normalidad y se toleran en el entorno social del comprador y el vendedor.

Ante este fraude masivo, el Ministerio de Vivienda y las diferentes comunidades autónomas, que tienen transferida esta competencia, se han puesto manos a la obra para endurecer la legislación y reforzar los servicios de inspección. Uno de los objetivos que persiguen es poner freno a la especulación, lo que permitiría conservar el parque de vivienda pública y favorecer a quienes realmente necesitan esta ayuda.

Derechos y obligaciones

Las personas que optan a una vivienda de protección oficial han de cumplir una serie de condiciones, que pueden ser diferentes en cada comunidad autónoma. En general han de ser ciudadanos que no superen una determinada renta, no estén en posesión de otra vivienda, reúnan una serie de requisitos sociales o familiares y formen parte de la lista de demandantes. Es importante recordar que, a la hora de firmar el contrato de compra o alquiler de la VPO, no sólo se adquiere una vivienda con los derechos que esto conlleva, sino que se ha de cumplir con una serie de obligaciones. Una persona puede, efectivamente, perder su piso, pero solamente si no observa las normas establecidas en el contrato. Cada consejería o departamento de Vivienda puede actuar de manera distinta, y lo que supondría la expropiación del piso en una región, en otra podría quedar reducido al pago de una multa.

Cuando se otorga una VPO hay que pagar el 20% de su coste total porque sólo se financia el 80% mediante hipoteca

Muchos de los demandantes de un piso protegido desconocen que cuando se les otorga la VPO tienen que pagar el 20% del coste total porque sólo se financia el 80% mediante hipoteca, mientras que en la vivienda libre el porcentaje financiable puede ascender al 100%. Por tanto, si un piso protegido cuesta 180.000 euros, hay que pagar 36.000 euros de entrada. No hacer frente a esta cantidad es una de las causas que provocan que el piso se conceda a otra persona, la siguiente en la lista

INSPECCIONES CONTRA EL FRAUDE

Para atajar el fraude en las Viviendas de Protección Oficial, las comunidades autónomas están creando servicios especiales que se dedican exclusivamente a la inspección de las mismas. El objetivo es garantizar que ninguna de las VPO que se entregan sea ocupada por personas distintas a las adjudicatarias, que no se vendan o alquilen de manera irregular, o que permanezcan vacías.

Uno de los servicios más efectivos es el que se lleva a cabo en el País Vasco. A finales del año pasado se habían inspeccionado más 22.000 pisos protegidos de los 55.000 que forman parte del parque público. De hecho, entre 2006 y 2007, tras estas revisiones, se encontraron 2.525 posibles fraudes, se impusieron 262 sanciones con una cuantía media de 2.238 euros y se recuperaron 37 viviendas protegidas. En treinta casos fueron sus propios dueños quienes pusieron el piso a disposición pública tras pagar la correspondiente sanción, y los siete restantes fueron expropiados. Todos ellos se adjudican después a personas demandantes de vivienda protegida. Los inspectores pueden hacer visitas directas a las viviendas, mirar los buzones, preguntar a los vecinos, consultar a la Cámara de Propiedad o el Registro de Viviendas de Protección Oficial. Además de estas funciones, el servicio también se dedica a instruir los expedientes informativos y sancionadores, a la atención de los recursos y a llevar los procesos de expropiación.

Otras medidas de este departamento son la adjudicación por sorteo de todas las viviendas, la calificación de los pisos de por vida para que no se pueda especular con ellos y la aplicación del tanteo -utilizado ya en muchas autonomías-, que permite a la comunidad en cuestión comprar las viviendas protegidas a los propietarios a precio tasado para que no puedan venderse por una cantidad mayor. En 2007, se habían recuperado en el País Vasco un total de 275 VPO por la vía del tanteo y retracto.

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