• Autor: Por ELENA V. IZQUIERDO
• Última actualización: 7 de diciembre de 2010

Aumento del fraude

La subida que experimentó el precio de la vivienda durante la última década, y las diferencias entre lo que había que pagar por una casa en el mercado libre y por una de protección oficial -en ocasiones tres veces más baratas- son algunos de los factores que han provocado un aumento del fraude en la compraventa de viviendas protegidas. Las acciones ilegales en este ámbito han sido (y son) tan frecuentes que desde numerosos sectores se ven con normalidad, y se toleran en el entorno social del comprador y el vendedor.

Ante este fraude masivo, el Ministerio de Vivienda y las diferentes comunidades autónomas, que tienen transferida esta competencia, endurecieron la legislación y reforzaron los servicios de inspección. Uno de los objetivos fue poner freno a la especulación para conservar el parque de vivienda pública y favorecer a quienes de verdad necesitan esta ayuda.

Derechos y obligaciones

Las personas que optan a una vivienda de protección oficial han de cumplir una serie de condiciones, que pueden ser diferentes en cada comunidad autónoma. En general deben ser ciudadanos que no superen una determinada renta, no estén en posesión de otra vivienda, reúnan una serie de requisitos sociales o familiares y formen parte de la lista de demandantes. Es importante recordar que, a la hora de firmar el contrato de compra o alquiler de la VPO, no solo se adquiere una vivienda con los derechos que esto conlleva, sino que se ha de cumplir con una serie de obligaciones. Una persona puede, en efecto, perder su piso, pero solamente si no observa las normas establecidas en el contrato. Cada consejería o departamento de Vivienda puede actuar de manera distinta, y lo que supondría la expropiación del piso en una región, en otra podría quedar reducido al pago de una multa.

Cuando se otorga una VPO hay que pagar el 20% de su coste total porque solo se financia el 80% mediante hipoteca

Muchos de los demandantes de un piso protegido desconocen que cuando se les otorga la VPO tienen que pagar el 20% del coste total porque solo se financia el 80% mediante hipoteca, mientras que en la vivienda libre el porcentaje financiable puede ascender al 100%. Por tanto, si un piso protegido cuesta 180.000 euros, hay que pagar 36.000 euros de entrada. No hacer frente a esta cantidad es una de las causas que provocan que el piso se conceda a otra persona, la siguiente en la lista