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Motivos para perder una VPO

Fraudes como ceder la vivienda de protección oficial a otra persona o venderla antes de tiempo implican cuantiosas multas y el riesgo de perderla

  • Autor: Por ELENA V. IZQUIERDO
  • Última actualización: 7 de diciembre de 2010
Imagen: Irene A.

"Si te toca el piso se lo puedes dejar a tu hermano"; "escrituramos a mi nombre para que puedas acceder tú como mi pareja a una VPO, y luego vendemos la vivienda libre". Frases como ésta son habituales ante la posibilidad de acceder a una vivienda protegida mediante sorteo. Una práctica delictiva que supone la pérdida inmediata de la casa de protección oficial. Ceder la vivienda protegida a otra persona, utilizarla solo para disfrutar de ella varios meses al año, vender el piso sin que supere el periodo necesario para descalificarlo, o realquilarlo sin permiso a un precio superior al permitido, son algunas de las prácticas contra las que luchan desde hace años las distintas administraciones públicas. Algunas ilegalidades suponen para el infractor multas elevadas, y los fraudes o incumplimientos contractuales más graves implican la pérdida de la Vivienda de Protección Oficial.

Aumento del fraude

La subida que experimentó el precio de la vivienda durante la última década, y las diferencias entre lo que había que pagar por una casa en el mercado libre y por una de protección oficial -en ocasiones tres veces más baratas- son algunos de los factores que han provocado un aumento del fraude en la compraventa de viviendas protegidas. Las acciones ilegales en este ámbito han sido (y son) tan frecuentes que desde numerosos sectores se ven con normalidad, y se toleran en el entorno social del comprador y el vendedor.

Ante este fraude masivo, el Ministerio de Vivienda y las diferentes comunidades autónomas, que tienen transferida esta competencia, endurecieron la legislación y reforzaron los servicios de inspección. Uno de los objetivos fue poner freno a la especulación para conservar el parque de vivienda pública y favorecer a quienes de verdad necesitan esta ayuda.

Derechos y obligaciones

Las personas que optan a una vivienda de protección oficial han de cumplir una serie de condiciones, que pueden ser diferentes en cada comunidad autónoma. En general deben ser ciudadanos que no superen una determinada renta, no estén en posesión de otra vivienda, reúnan una serie de requisitos sociales o familiares y formen parte de la lista de demandantes. Es importante recordar que, a la hora de firmar el contrato de compra o alquiler de la VPO, no solo se adquiere una vivienda con los derechos que esto conlleva, sino que se ha de cumplir con una serie de obligaciones. Una persona puede, en efecto, perder su piso, pero solamente si no observa las normas establecidas en el contrato. Cada consejería o departamento de Vivienda puede actuar de manera distinta, y lo que supondría la expropiación del piso en una región, en otra podría quedar reducido al pago de una multa.

Cuando se otorga una VPO hay que pagar el 20% de su coste total porque solo se financia el 80% mediante hipoteca

Muchos de los demandantes de un piso protegido desconocen que cuando se les otorga la VPO tienen que pagar el 20% del coste total porque solo se financia el 80% mediante hipoteca, mientras que en la vivienda libre el porcentaje financiable puede ascender al 100%. Por tanto, si un piso protegido cuesta 180.000 euros, hay que pagar 36.000 euros de entrada. No hacer frente a esta cantidad es una de las causas que provocan que el piso se conceda a otra persona, la siguiente en la lista

INSPECCIONES CONTRA EL FRAUDE

Para atajar el fraude en las Viviendas de Protección Oficial, las comunidades autónomas cuentan con servicios especiales que se dedican en exclusiva a su inspección. El objetivo es garantizar que ninguna de las VPO que se entregan sea ocupada por personas distintas a las adjudicatarias, que no se vendan o alquilen de manera irregular, o que permanezcan vacías.

Uno de los servicios más efectivos es el que se lleva a cabo en el País Vasco. En 2007 se inspeccionaron más de 22.000 pisos protegidos. De hecho, entre 2006 y 2007, tras estas revisiones, se encontraron 2.525 posibles fraudes, se impusieron 262 sanciones con una cuantía media de 2.238 euros y se recuperaron 37 viviendas protegidas. En treinta casos fueron sus propios dueños quienes pusieron el piso a disposición pública tras pagar la correspondiente sanción, y los siete restantes fueron expropiados. Todos se adjudican después a personas demandantes de vivienda protegida. Los inspectores pueden hacer visitas directas a las viviendas, mirar los buzones, preguntar a los vecinos, consultar a la Cámara de Propiedad o el Registro de Viviendas de Protección Oficial. Además de estas funciones, el servicio también se dedica a instruir los expedientes informativos y sancionadores, a la atención de los recursos y a llevar los procesos de expropiación.

Otras medidas de este departamento son la adjudicación por sorteo de todas las viviendas, la calificación de los pisos de por vida para que no se pueda especular con ellos y la aplicación del tanteo -utilizado ya en muchas autonomías-, que permite a la comunidad en cuestión comprar las viviendas protegidas a los propietarios a precio tasado para que no puedan venderse por una cantidad mayor.

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