Representantes de sociedades de autores de todo el mundo analizan desde ayer en Santiago de Compostela las consecuencias negativas de la piratería en la protección de los derechos de autor y las leyes del mercado en la diversidad e identidad cultural.
En todo el mundo existen 210 sociedades de autores que intentan favorecer intercambios internacionales de productos culturales, señaló en la jornada de ayer Eric Batiste, director general de la Confederación Internacional Francesa (CSAC), una «red mundial» que protege los derechos de autor.
Batiste apuntó que uno de los problemas a los que se enfrentan las sociedades de autores es la piratería, pero no ya la asociada con el «top manta», sino la que «promueven» las grandes multinacionales de telecomunicaciones, para que, de forma individualizada, el usuario se descargue música o cine de Internet.
Para controlar esta actividad «ilegal», la CSAC propone la creación de un código identificador de obras (ISAN) que permita seguir el uso que se hace de las mismas en la Red. La lucha contra la piratería no debe limitarse por otra parte a la «represión» del que la practica individualmente en su casa, sino que ha de buscar alternativas como el «facilitar dispositivos que permitan una oferta legal de obras artísticas a través de las redes digitales», apuntó Baptiste.
«Simple mercancía»
Por otro lado, Batiste dijo que los autores representados por la CSAC se muestran «muy preocupados» por los efectos de la globalización, ya que sostienen que «reduce» el valor de las obras de arte a «mero producto de mercado».
El Consejo Internacional de Autores de Obras Dramáticas, Literarias y Audiovisuales (CIADVL) reunido en Santiago aborda, entre otras cuestiones, la defensa de la diversidad cultural frente a disposiciones como la propuesta de Directiva sobre Servicios en el Mercado Interno de la UE.
Esta directiva, según recordó en rueda de prensa el responsable de Relaciones Internacionales de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Francisco Aguilera, la directiva se refiere a la liberalización de los servicios, entre los que incluye el material cultural y los derechos de autor, cuando mantiene como excepciones otras áreas como la banca y las telecomunicaciones.
Las sociedades de autores pretenden que la creación artística sea considerada una excepción más que no entre en las leyes de mercado de esta directiva, del mismo modo que apoyan la propuesta del Gobierno francés de que una convención de la UNESCO saque los derechos de autor «del campo de aplicación de la Organización Mundial de Comercio» para que las obras no sean «simple mercancía».
Por su parte, el consejero de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y director de cine Antonio Jiménez Rico expresó su preocupación por la piratería, «que perjudica no a las compañías, sino a los autores», y por la cautividad del mercado cinematográfico en manos de las multinacionales norteamericanas. Para Rico es «necesario» que los gobiernos garanticen que en su territorio se pueda competir en igualdad de condiciones y ordenen el mercado propio.
