La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados rechazó ayer una iniciativa acordada entre el PP y CiU, y apoyada por ERC y PNV, para devolver íntegramente los ahorros a los afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa.
La propuesta, rechazada por el PSOE y CC-NC, instaba a devolver todos los ahorros a los 400.600 afectados por la crisis filatélica mediante la compra de sus créditos por parte del Estado y posteriormente proceder a un pago escalonado.
Según esta iniciativa, el coste para el Estado sería «cero», ya que después recuperaría los pagos mediante una liquidación ordenada de los activos de las empresas intervenidas, en el tiempo que se estime oportuno y con la tutela y participación de los poderes públicos.
La propuesta partió de una proposición no de ley del PP, quien consiguió mantener en el texto la petición de que se informara de modo permanente a la Cámara Baja de las enajenaciones de activos que se produjeran, así como de las empresas que se beneficiaran de la valoración o compra de los activos de Fórum y Afinsa.
A esta demanda se añadía la creación de «un protocolo de intervención judicial y policial en entidades financieras y empresariales» como consecuencia de actividades delictivas en las que hubieran podido incurrir estas, para evitar la alarma injustificada de inversores, depositarios y consumidores.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), por su parte, señaló que el texto pactado entre el PP y CiU suponía «dar la razón a los defraudadores», por lo que se alegró de que fuera rechazado.
Según Adicae, no existen activos en las empresas afectadas, lo que hace «imposible» cumplir lo que pedía la propuesta. Lo que sí existe, señaló, es «un agujero tremendo», por lo que «al Estado le tiene que costar algo».
Esta asociación se muestra partidaria de la creación de un fondo de compensación de pérdidas para ayudar a los consumidores afectados.
Contradicciones
Por otro lado, los ex presidentes de Afinsa y Fórum Filatélico, Juan Antonio Cano y Francisco Briones, respectivamente, comparecieron ayer en una rueda de prensa en la que volvieron a caer en contradicciones.
Cano explicó que la valoración de los sellos se hacía «al precio de adquisición de los comerciantes mayoristas». Estos mayoristas establecían los precios de unos catálogos en los que Afinsa se basó para vender sus sellos a terceros e incluso «editó durante 23 años», afirmó Cano.
Briones, de su lado, explicó que los sellos «se encuentran en colecciones particulares y pertenecen a pequeños comerciantes». «No es fácil dar con los sellos, no se compran a medio kilo», matizó el ex responsable de Fórum.
También fue motivo de contradicción la valoración de la filatelia que se realizaba en las dos empresas. Cano afirmó que «cada sello que se perita lleva 15 años», mientras que Briones se limitó a decir que «el tiempo de valoración de los sellos puede ser de dos días o de dos años».
Respecto al anteproyecto de Ley de Bienes Tangibles redactado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, Cano dijo que «ha trasladado nuestros contratos a la normativa» y establece que la actividad «es mercantil».
Briones declaró al respecto que «España no se regula a golpe de informes» y recordó «las enormes cantidades de dinero pagadas en concepto de impuestos como sociedad mercantil».
