Advierten de la posible utilización de harinas cárnicas para elaborar piensos

Las empresas cementeras apenas han quemado 60.000 toneladas al año desde 2001
Por mediatrader 29 de julio de 2003

El director general de la Agrupación de Fabricantes de Cementos de España (OFICEMEN), Rafael Fernández, alertó ayer en Toledo de la posible utilización de harinas cárnicas para elaborar piensos. Esta opinión, explicó, se deduce de la escasa cantidad de estas harinas que las empresas cementeras han destruido desde el año 2001, dentro del plan concertado con el Gobierno para erradicar el mal de las «vacas locas».

Según datos de esta asociación, los hornos de estas empresas apenas han quemado 60.000 toneladas al año, cuando el compromiso asumido con el Ministerio de Agricultura era el de eliminar unas 400.000, es decir, sólo se ha carbonizado poco más del 10% del total previsto.

«Del otro 90% no sabemos qué está pasando. Una parte se sabe que va al vertedero, una pequeña cantidad del orden de 20.000 toneladas también se ha destruido por combustión en una planta de generación eléctrica de Andalucía, pero me temo que otra parte vaya a esa red de fraude que es volver a utilizar estas harinas para elaborar piensos ilegales», indicó Fernández tras la firma de un convenio con la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y los sindicatos CC.OO. y UGT para reducir las emisiones contaminantes de las cementeras ubicadas en esa comunidad.

Acuerdo marco

Hace dos años, el Ministerio de Agricultura y los fabricantes de cemento firmaron un acuerdo marco para incinerar las harinas cárnicas en los hornos de las cementeras, cumpliendo así una de las medidas para hacer desaparecer los despojos de matadero considerados materiales específicos de riesgo, a los que se atribuye el contagio de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o mal de las «vacas locas».

Estos despojos, convertidos en harinas cárnicas que hace años se vendían como piensos, no pueden utilizarse para alimentar ganado por una prohibición de la Unión Europea (UE) fechada en enero de 2001, una medida cuya vigencia finalizará en 2005.

Su eliminación es hoy un problema que se ha visto agravado desde el pasado 1 de mayo, cuando una nueva norma comunitaria prohibió el enterramiento de los animales muertos en las explotaciones ganaderas.