La organización ecologista Amigos de la Tierra ha denunciado la falta de control en la producción de organismos genéticamente modificados (OGM), que desde 1998 se cultivan en España. Actualmente, España es el único país que produce OGM para comercializarlos a gran escala, como variedades de maíz destinadas a la alimentación animal, según ha afirmado la representante de Amigos de la Tierra Liliane Spendeler durante unas jornadas en el Parlamento Europeo.
Según datos de la asociación ecologista, desde 1998 el cultivo de maíz transgénico en los campos españoles (entre 20.000 y 50.000 hectáreas anuales) se ha hecho sin una evaluación oficial. Tan sólo a partir de 2003 se empezaron a publicar algunos informes. La representante de Amigos de la Tierra ha criticado que mientras que las propias industrias aseguran vender el maíz transgénico a través de los canales de comercialización normal, los agricultores no lo declaran por lo que no hay un control público, lo que supone una fuente de contaminación.
Actualmente, el Ministerio de Agricultura prepara con el sector y con las comunidades autónomas una norma para regular la coexistencia entre distintas agriculturas. Amigos de la Tierra, junto con la asociación de regiones «libres de OGM» (de la que forman parte el País Vasco y Asturias) celebraron ayer en el Parlamento unas jornadas acerca de la coexistencia.
Ambas entidades reclamaron normas comunitarias que permitan esa compatibilidad entre las distintas agriculturas y un régimen que defina los responsables que deben asumir los costes económicos causados por la contaminación con transgénicos. Además la asociación de 26 regiones «libres de OGM» pretende promover planes para proteger a zonas del cultivo de transgénicos. Sin embargo, el representante de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea (CE), Andreas Gumbert, ha recordado que la actual legislación no permite a una región prohibir los OGM.
La Comisión tiene previsto presentar este año un informe sobre la compatibilidad de OGM con otras agriculturas y por ahora sólo tiene constancia de que la coexistencia se haya regulado en cuatro países comunitarios (Alemania, Dinamarca, Luxemburgo y Austria).
