La nueva ley que regula la utilización y comercialización de organismos modificados genéticamente o transgénicos, que acaba de entrar en vigor tras su publicación el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a etiquetar estos productos de forma adecuada y establece sanciones de hasta 1,2 millones de euros.
Esta normativa, cuyo proyecto fue aprobado el 2 de agosto del pasado año por el Consejo de Ministros y que culminó su tramitación parlamentaria el pasado 3 de abril en el Congreso, regula la liberación voluntaria de transgénicos y la comercialización de estos organismos o de productos que los contengan, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. Adapta la normativa comunitaria a la legislación española y se basa en los principios de «prevención y cautela», y los de información y participación pública, para que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre la liberación o comercialización autorizada de estos organismos.
La nueva ley define también las competencias que en esta materia tendrá cada Administración y otorga a las comunidades autónomas, entre otras funciones, las de vigilancia, control e imposición de sanciones.
Asimismo, establece la obligatoriedad de etiquetar los productos de forma adecuada para garantizar no sólo su control y seguimiento por parte de las autoridades, sino también para la adecuada información de los consumidores.
La norma fija además sanciones para infracciones leves, graves y muy graves. Entre estas últimas está la de liberar al entorno transgénicos o comercializarlos sin autorización, lo que se sancionará con una multa de hasta 1.200.000 euros o la clausura de las instalaciones donde se ha cometido la infracción.
Los órganos que tendrán competencias en esta materia serán el Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, que estará compuesto por representantes de los ministerios relacionados con esta ley y del que dependerá la concesión de autorizaciones, y la Comisión Nacional de Bioseguridad, órgano consultivo en el que estarán el Gobierno, las comunidades autónomas y expertos.
